El camino empedrado de Piedra

Para Rosario Piedra Ibarra no será nada fácil ejercer su cuestionada autoridad como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero porque su elección dejó dudas fundadas de un fraude cometido y avalado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado; segundo porque pocos creen que pueda demostrar la autonomía e independencia que su cargo requiere por su estrecha relación política, afectiva y personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tercero porque casi una tercera parte de los gobernadores estatales de la República, han desconocido la legalidad y legitimidad de su designación y advierten que no atenderán sus recomendaciones ni su autoridad.

A la renuncia de 5 de los 10 consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, encabezados por el exsacerdote Alberto Athié, y el cuestionamiento abierto de diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos a las dudas que dejó la votación en que fue electa, se sumaron la semana pasada los 8 gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional, que a través de un comunicado calificaron la elección de Piedra Ibarra como "una clara violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales", al tiempo que dijeron que no reconocerán "la autoridad de quien es producto de un fraude".

Ayer el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que en su estado no se atenderán ni tomarán en cuenta las acciones o recomendaciones que emita la CNDH encabezada por Rosario Piedra "porque su elección fue ilegal".

A pesar de todo eso, Rosario Piedra recibió, desde el 16 de noviembre, la presidencia de la CNDH en un acto formal de entrega-recepción con su antecesor, Luis Raúl González Pérez, y sin dar importancia a los cuestionamientos y desconocimientos a su presidencia, la nueva ombudsperson anunció el inicio de "una nueva etapa en la CNDH que privilegiará los derechos de las víctimas" y en la que ha anunciado también la aplicación de "la política de austeridad del presidente López Obrador" en el organismo autónomo, lo que supone la disminución de sueldos, privilegios y prestaciones para el personal de altos mandos de la institución.

Piedra Ibarra ha hecho hasta ahora caso omiso de la ola de dudas y ataques a su nombramiento y, aunque apenas renunció a su militancia política en Morena el jueves de la semana pasada, algo que según la ley era indispensable con al menos un año de anticipación para que Rosario cumpliera con todos requisitos necesarios para presidir la CNDH, repite en entrevistas que los que dudan de su capacidad de independencia y autonomía "se van a convencer por los hechos y por mis acciones que sí soy independiente".

Y mientras muchos auguran una etapa "de decadencia" y sometimiento al poder político para la institución autónoma y ponen en duda que una presidenta manchada de origen y cuestionada no por su persona ni por su trayectoria, sino por su designación ilegal, pueda tener la calidad moral y la legitimidad que requiere la responsable de defender los derechos humanos de los ciudadanos, a Piedra Ibarra, más allá del evidente y notorio apoyo político que tendrá del gobierno de López Obrador y de la 4T, le espera un camino tortuoso y empedrado para poder consolidar una presidencia que nace bajo sospecha de ilegalidad.

TAGS: