Ley polémica, pero necesaria
Es difícil recordar cuando el Ejército Mexicano fue lanzado a las calles para combatir a la delincuencia organizada.
Desde varias décadas atrás los militares recorrían las zonas serranas del país para destruir sembradíos de mariguana y amapola, principalmente.
Surgían todo tipo de especulaciones sobre la complicidad de los elementos armados con los capos del narco que luego se comprobó con aquella enorme siembra de mariguana en el estado de Chihuahua durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
En el régimen de Carlos Salinas de Gortari recordamos algunas incursiones de los militares en poblaciones entonces controladas por el narcotráfico como Caborca, Sonora, en donde se registraron violentos choques entre delincuentes y el Ejército.
Pero fue en tiempos del presidente Vicente Fox cuando se crearon los contingentes formados por policías estatales, federales y militares que recorrían las calles de las ciudades más afectadas por el narco.
Los recordamos muy activos en Tijuana y Ciudad Juárez, básicamente su función era amedrentar a los malosos pero sin enfrentarlos ni perseguirlos. Ya en el régimen de Felipe Calderón la guerra contra el narco estalló y se propagó por todo el país.
El Ejército Mexicano implementó en 2008 la campaña “Nosotros si vamos” que cobró notoriedad en varias entidades del país.
En Baja California, el comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, hizo estragos con dicha campaña que puso a temblar no sólo a los criminales sino también a las policías locales que estaban coludidas con la mafia y no atendían las denuncias ciudadanas.
Los choques armados entre militares y delincuentes proliferaron y en algunos casos ocurrieron escenas dramáticas más propias de una guerra armada que del combate a criminales.
Pero hay que reconocer que gracias a las acciones del Ejército fueron limpiadas de mafiosos infinidad de ciudades mexicanas al tiempo que el índice de homicidios se fue paulatinamente a la baja. En Tijuana se redujo de más de tres mil crímenes anuales a menos de quinientos.
Sin embargo, la estrategia se modificó en el actual sexenio y luego de una aparente reducción de los índices de inseguridad, la violencia repuntó de manera dramática al grado que en este 2017 se romperán todos los récords en materia de homicidios dolosos.
Entre tanto el Ejército seguía en las calles, pero de una manera menos activa salvo en casos de agresiones directas como en septiembre del año pasado en Sinaloa, cuando cinco militares fueron asesinados y diez más resultaron heridos en una emboscada.
Por lo anterior ha concitado tanta controversia la nueva Ley de Seguridad Interior que se discute en la Cámara de Senadores luego de haber sido aprobada por los diputados.
Algunos críticos señalan que esta legislación es prácticamente una invitación para que el Ejército Mexicano asuma el control de la justicia y realice de facto un “golpe militar”.
A su vez, Alan García, de la comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que la ley no ayudará a las fuerzas armadas porque no prevé los mecanismos de control y la certeza que han estado solicitando de tiempo atrás”.
La ONU recomendó a México no aprobar dicha ley y para ello envió una carta en donde incluye 14 cuestionamientos a la iniciativa que revisan los senadores.
Alejandro Martí, presidente de SOS México, censuró a quienes se oponen a dicha ley porque “creo que no la han leído y solo quieren armar escándalo con base a supuestos erróneos y mitos sin sustento”.
“De lo que se trata es precisamente ponerle plazo de intervención a las fuerzas armadas en ciertas zonas, evitando así que se eternicen”, sostuvo Martí en entrevista con el diario Reforma.
Sin agotar todavía la discusión, el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, se apresuró a declarar que la ley será aprobada a más tardar la próxima semana y que solo será cuestión de días para que las comisiones respectivas analicen el documento.
Veremos si se adoptan cambios para esta defectuosa e incompleta ley o si se “mayoritea” al viejo estilo político.
Asaltan a turistas
Cuentan que el primer atraco, al llegar a polos turísticos como Los Cabos, ocurre en el aeropuerto donde el dólar se compra a 14.50 pesos cuando en bancos anda en los 18 pesos. Algunos hoteles cobran un impuesto especial que llaman “resort fee” mientras que los restaurantes incluyen la propina en la cuenta de hasta un 20 por ciento. ¿Será qué quieren exterminar a la gallina de los huevos de oro?
