Ardua tarea castigar corrupción

No hablamos de la actividad intensa y positiva realizada por la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Odracir Espinoza Valdez en cuanto a los casos investigados.

Tampoco nos referimos a las 69 consignaciones de exfuncionarios estatales y municipales ni a las 38 órdenes de aprehensión que están en proceso de ser liberadas.

La captura del exgobernador Guillermo Padrés y algunos colaboradores de su administración se consiguió gracias a la labor del Gobierno estatal en coordinación con las autoridades federales.

Sin embargo el gran esfuerzo desplegado en la persecución de funcionarios corruptos no se ha traducido de manera significativa en pesos y centavos a favor del erario sonorense.

Es muy importante perseguir a los delincuentes de cuello blanco para que paguen penalmente por sus fechorías, pero la campaña contra la corrupción resulta incompleta si no se recuperan los jugosos botines que varios de estos exfuncionarios públicos se llevaron.

Recién iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich se manejó que el desfalco de la anterior administración en sus diversas dependencias ascendió a más de 30 mil millones de pesos.

Esta cantidad sería más que suficiente para liquidar la deuda estatal de casi 25 mil millones de pesos además que representa la mitad del presupuesto anual de Sonora.

La gobernadora Pavlovich se ha referido en reiteradas ocasiones a la necesidad de recuperar cuando menos parte de los sustraído en donde destaca la presunta desaparición de cinco mil millones de pesos de las arcas del Isssteson, además de otros 300 millones de pesos que supuestamente fueron malversados en el sistema estatal del transporte.

Desafortunadamente y a pesar del trabajo realizad, la Fiscalía Anticorrupción con sus 75 funcionarios y un presupuesto anual de 37 millones de pesos apenas ha conseguido una recuperación económica de alrededor de 300 millones de pesos en los últimos dos años.

Lo anterior representa el 1% del supuesto desfalco de más de 30 mil millones de pesos por parte de la administración anterior.

Si a ello añadimos que el exgobernador Padrés está a punto de abandonar la prisión y que varios exsecretarios permanecen en libertad como Roberto Romero (Gobierno) y Carlos Villalobos (Hacienda), debemos concluir que luchar contra la corrupción es una tarea por demás ardua y compleja.

Antes que las cosas se compliquen más y que aumente la indignación por parte de la ciudadanía y de la mandataria estatal, habrá que analizar las causas de tan pobres resultados.

A nuestro juicio son básicamente tres: haber creado una gran expectativa por esta lucha anticorrupción; haber subestimado los derechos que tienen los imputados en el sistema penal y, por último, investigar de manera superficial las acusaciones ante la urgencia de actuar por la presión social.

En otras países los casos de corrupción se indagan durante por lo menos tres años y se actúa una vez que se cuenta con todas las evidencias. De esta manera se procesa a los inculpados con mayor efectividad y en su momento se logra castigar a los delincuentes de alto calibre y de paso recuperar un mayor monto del dinero defraudado.

Habrá que esperar que la recién creada Fiscalía Anticorrupción afine la puntería, afile sus dientes y alcance mejores resultados en el futuro próximo.

Noticias, noticias
El Gobierno federal prefirió un mal arreglo a un buen pleito y firmó la paz con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. No le convenía al PRI el movimiento despertado por Corral ni que otros gobernadores se alborotaran. Habrá que seguir el curso de las pesquisas sobre la triangulación de recursos del tricolor.

Bien por el mandatario norteño… Como decimos una cosa decimos otra, se excedió la autoridad federal o la estatal al difundir las imágenes sobre la deportación y arresto del exsecretario de Gobierno, Roberto Romero. Ante la presunción de inocencia, la nueva ley penal obliga a cubrir los rostros de los presuntos delincuentes en fotos y videos.

José Santiago Healy
jhealy1957@gmail.com