Los padres de Los 43 se plantaron ante la PGR en demanda de una "investigación seria y exhaustiva", de hecho la misma de la "verdad histórica" que rechazan; su representante legal, Vidulfo Rosales, exige la detención "inmediata" de los policías municipales de Huitzuco y de los policías federales implicados por la CNDH en la desaparición de una veintena de estudiantes.

No hay cargos ministeriales contra ninguno de ellos, pero la civilizatoria "presunción de inocencia" es lo que menos parece importarle.

La nueva y necia presión ocurre en vísperas de la segunda visita a México del "mecanismo de seguimiento" de la CIDH.

Pese a ser abogado, Rosales dice que los policías bajo sospecha ya están identificados pero "no han sido consignados ni detenidos", y demandó perseguir al exgobernador Ángel Aguirre y al ex fiscal Iñaki Blanco (a quien se le deben reconocer los primeros y sólidos pasos de la investigación), e insistió en la insidiosa demanda de que la PGR actúe contra los militares del cuartel de Iguala, que nada tuvieron que ver con el crimen.