Suponer que el Fiscal General de la Nación podrá manejar a su antojo la procuración de justicia y además darle instrucciones al Fiscal Anticorrupción (cuya designación también sigue pendiente) no corresponde a la ley ni a la realidad.

El que perseguirá la deshonestidad en el ámbito del servicio público (en frecuente complicidad con el privado) será tan independiente como el Fiscal General, encargado de promover y diseñar políticas públicas nacionales en materia de procuración de justicia.

Según la Constitución, el General será plenamente autónomo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el Anticorrupción lo será tanto de ellos como… ¡del Fiscal General!

En la FGN habrá dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales (ya existe y opera autónoma) y otra para combatir la corrupción.

Y cuando el Fiscal Anticorrupción considere que hay un delito qué perseguir, entrarán en acción los magistrados especializados del Poder Judicial y del Sistema Nacional Anticorrupción.