Un tribunal colegiado resolvió privar al Ministerio Público federal de su facultad constitucional (artículo 21) de encabezar la investigación de delitos y lo somete a la voluntad de los padres de Los 43 y de la CNDH en una comisión de la verdad a la que deberá adherirse, más los que aquéllos inviten.

Así, otorgó amparo a la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, y a los asesinos confesos integrantes de Guerreros Unidos: Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Salvador Reza Jacobo, Gildardo López Astudillo, El cabo Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena.

La PGR no comparte el criterio de los magistrados porque implica desconocer la división de poderes y a la autoridad encargada de investigar y perseguir delitos, ejerciendo las acciones penales de acuerdo con el texto constitucional aplicable a los procesos en curso.

Más allá de velar por los derechos humanos de los cinco amparados, el insólito fallo constituye un ataque a las instituciones y favorece a despiadados criminales.