La creación de una comisión de la verdad como la que implica la resolución de un tribunal que otorgaba la protección federal a varios agresores y asesinos de Los 43, parte de la premisa de que el trabajo del MP no fue correcto y debe investigarse todo de nuevo.

No resolvió lo mismo el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, que declaró fundada la imposibilidad planteada por la PGR.

Es constitucionalmente irrealizable una comisión como la que quieren los organismos no gubernamentales que representan a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa y el mamotreto elaborado por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo degradaba y dejaba como achichincles a la PGR y la CNDH.

Se fortalece la idea de que será el pleno de la Suprema Corte de Justicia quien, al ver el fondo del asunto, resolverá lo único lógico: el incumplimiento de la descabellada orden emitida por ese Tribunal Colegiado y se revise la legalidad del juicio de amparo promovido por copartícipes y asesinos materiales de los normalistas.