Reconstruir el presupuesto

Es cierto, no estamos en 1985, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid actuó con lentitud ante el potente sismo de 8.1 grados Richter que impactó a la Ciudad de México, dejando un enorme saldo de vidas y viviendas perdidas. Miles de ciudadanos se volcaron a las calles a rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Y no sólo eso. Crearon organizaciones para incidir en el proceso de reconstrucción. De ahí que muchos analistas señalan a 1985 como el parteaguas decisivo para el surgimiento y consolidación de una sociedad civil en México.

Esta vez las autoridades actuaron con mayor prontitud para responder a la emergencia, y contaron con el apoyo de decenas de miles de jóvenes brigadistas que tuvieron en el sismo del 19 de septiembre el acta de nacimiento de su ciudadanía.

Sin embargo, el gobierno federal está entrando, otra vez, a su zona de incompetencia en lo que se refiere al proceso de reconstrucción, para el cual se requerirán cuantiosos recursos públicos (cerca de 40,000 millones de pesos). A casi un mes del sismo, no se tiene claro cuál es el programa de reconstrucción, los apoyos que se brindarán a los damnificados, las medidas se tomarán para evitar riesgos ante futuros eventos, el deslinde de responsabilidades ante la negligencia evidenciada, cómo se financiará el fondo de reconstrucción y cómo se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas, ni cómo se integrará a la sociedad en esta labor.

La reparación de carreteras, infraestructura hidráulica y eléctrica, escuelas, constituye sin duda una prioridad; sin embargo, en el mismo orden de importancia debe estar la vivienda de las familias afectadas.

Hemos estado concentrados en lo que ha sucedido en la Ciudad de México donde existe una gran cantidad de recursos para abordar el proceso de reconstrucción del parque habitacional. Sin embargo, hemos puesto mucho menos interés en lo que está sucediendo en ciudades y comunidades de Oaxaca, Chiapas, Morelos o Puebla, estados marcados por altos niveles de pobreza. Darles apoyo para rehacer sus espacios vitales, y desde ahí poder aspirar a recuperar algo de lo perdido y evitar que se profundice su situación de vulnerabilidad y su frustración, debe ser un imperativo político y moral. Es un tema con profundas implicaciones humanas. Pero el gobierno no parece compartir esta visión ni la urgencia. La política y los intereses –otra vez– están apoderándose de esta urgente tarea.

Sería profundamente perverso y mezquino que el nivel de atención dependiera del nivel socioeconómico de los damnificados y de su importancia estratégica para el voto en 2018. Pero todo parece conducir a esta conjetura.

Por otro lado, resulta inadmisible, como lo ha declarado la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que “será muy difícil para la Cámara de Diputados crear el Fondo para la Reconstrucción, porque hay muy fuertes presiones en el gasto público federal para poder hacer ajustes”.

La conformación de ese Fondo no sólo resulta urgente para centralizar, organizar y canalizar ordenada y transparentemente los apoyos para la reconstrucción, sino que sí es posible dotarlo de recursos. No entiendo cómo el gobierno no podría hacer un ejercicio de reasignación presupuestal, austeridad y compactación de programas para conseguir esos 40,000 millones que se necesitan. Representan tan sólo 0.7% del presupuesto estimado en 5 billones de pesos para 2018. Hay mucho de dónde cortarle al gobierno, como los casi 10,000 millones de gastos en comunicación social que se harán este año.

También hay ausencia de la rendición de cuentas de las donaciones materiales y de recursos recibidas. No hay información de los gastos realizados, con qué propósito y a quién se pagaron o se les adeuda. Otra vez la opacidad que tanto daña y molesta a los mexicanos.

8 de cada 10 mexicanos, de acuerdo con una encuesta de Parametría, opina que un Fondo o Fideicomiso de Reconstrucción debe ser administrado por los ciudadanos. No hay confianza en el gobierno y, lo peor, la población damnificada ya acusa desesperación ante el burocratismo y la insensibilidad oficial.

De no atender las voces, lo que viene será un movimiento social de desesperación y el gran perdedor será no sólo el gobierno federal, sino su partido, el PRI, tan ocupado en detener a sus opositores a como dé lugar. No hay tiempo que perder ni prioridad mayor. Nos estamos acercando peligrosamente a un gran sismo social y político.

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