La pobreza ha sido, históricamente, uno de nuestros mayores dilemas como nación y nuestra más perniciosa herencia.

El diseño e instrumentación de programas de superación de la pobreza en México cuenta con una tradición de más de 40 años. Destacan en el pasado programas como el PIDER, el Coplamar y el Sistema Alimentario Mexicano, los cuales tuvieron como objetivo común mitigar la pobreza rural.

En 1988 surgió el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) como el primer gran esfuerzo articulado de combate a la pobreza, que tuvo como novedad el involucramiento activo de la población beneficiaria en las acciones implementadas a través de la creación de cientos de miles de Comités de Solidaridad.

Sin embargo, Pronasol nunca dejó de ser un programa vinculado de manera directa a los intereses del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Predominó un diseño clientelar y la ausencia de mecanismos de institucionalización que permitieran sostener al programa más allá de los cambios político-administrativos, lo que devino en su desaparición durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000).

En 1997 se instituyó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), diseñado para atender a la población más rezagada de las zonas rurales a través de transferencias monetarias directas para promover la formación de capital humano (educación, salud, alimentación) con objeto de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Dicho programa sufrió diversas transformaciones en los años posteriores. En 2002, Progresa cambió su denominación por Oportunidades, incorporando componentes de desarrollo productivo y bancarización.

En 2014 Oportunidades se transformó en Prospera, cuyos principales objetivos son exactamente los mismos que se propuso su predecesor: avanzar en la inclusión financiera, productiva y laboral de los beneficiarios para “crear puertas de salida a la pobreza”. De 2000 a la fecha, su padrón de beneficiarios creció de 2.5 a 6.2 millones de familias.

Prospera es una muestra de la perversidad de los enfoques de desarrollo social que prevalecen en este país, donde se exhibe como un logro y no un fracaso el crecimiento permanente del número de personas que dependen de los subsidios públicos. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de las políticas públicas de combate a la pobreza es exactamente el contrario: ampliar el número de personas que son capaces de vivir con autonomía, ejercer una ciudadanía plena y ampliar su grado de libertad. El programa, así reconocido tanto por sus críticos como por sus propios operadores, “carece de mecanismos de graduación”.

En estos 40 años hemos gastado billones de pesos en acciones y programas. Y lo cierto es que el porcentaje de la población en condición de pobreza en 2014, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, era prácticamente el mismo que en 1992 (53.1 versus 53.2).

Es cierto que el crecimiento económico del país –el más poderoso motor de prosperidad y movilidad social– ha sido crónicamente bajo. Sin embargo, el dinero para combatir la pobreza no ha escaseado en estas dos décadas, lo que remite la explicación a la persistencia de una nefasta cultura burocrática refractaria a la eficacia y la coordinación.

De acuerdo con estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la clase media (comprendida por aquellos que perciben entre 10 y 50 dólares diarios), representa en México el 11.5% de la población; en Chile 51%, en Brasil 41% y en Uruguay 60%. Y las clases medias, recordemos, son el soporte del mercado interno, la sociedad civil y la democracia.

Un análisis comparado entre México y Uruguay, nos brinda claves importantes acerca de las razones de esta marcada brecha. El país sudamericano tiene componentes políticos e institucionales de los que México carece: gobierno abierto, cero opacidad a través de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, una clase política responsable, una cultura cívica que empuja al ciudadano a la fiscalización de lo público y una democracia con altos niveles de consenso social.

Avanzar consistentemente en el desarrollo social, por lo tanto, pasa por transformar el funcionamiento de lo público. Implica revisar los instrumentos, gastar mejor, configurar gobiernos más eficaces, desterrar la corrupción: darle salida a los pobres para que sean parte de la clase media. Se puede y se debe. Cambiemos el enfoque y haremos la diferencia.

¿Hasta cuándo daremos este paso en México?

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