El dineral desaparecido

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El dineral desaparecido
En alguna ocasión comentamos aquí “Entre nos” la enorme molestia que había entre rectores y directores de instituciones educativas de Sonora, porque al hacer trámites para atraer recursos federales fueron informados de que estaban “boletinados” por no haber demostrado la correcta utilización de recursos federales enviados en años anteriores, de los cuales no habían visto ningún peso.

El recuerdo viene a cuento porque esta semana se informó que la PGR abrió dos nuevas investigaciones por el probable desvío de 450 millones de pesos de recursos federales entregados al gobierno de Guillermo Padrés para obras como pavimentación, alcantarillado y alumbrado que en su mayor parte debieron ser entregados a municipios pero que simplemente “desaparecieron”.

Y ese dineral desaparecido corresponde sólo al año 2011, pues según la investigación en un primer caso el gobierno de Padrés recibió 347 millones de pesos y de esos no se supo el destino de 137; en otra ocasión la entrega fue por 547 millones y “volaron” 295 millones que jamás fueron justificados de alguna forma… Pues el caso es que así como esos rectores y directores de escuelas de Educación Media y Media Superior que no recibieron su dinero, hubo municipios que igual se quedaron esperando el dinero que se fue por alguna de las cañerías del anterior sexenio.

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Pierden el sueño
Bastó que reveláramos aquí “Entre nos” que el exvocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Martínez Preciado, tiene orden de aprehensión por el delito de peculado junto con otros exfuncionarios de esa dependencia, para que más rápido que la luz acudiera a buscar sus respectivos amparos, que fueron contra los jueces Primero y Quinto del Ramo Penal.

Pero no solamente a Martínez le dio la “calambrina”, sino que también buscaron amparos dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda: Luis Alberto Sotelo González, exdirector general de Control de Fondos y Pagaduría, así como Gerardo Andere García, exdirector general de Crédito. El primero busca amparo contra posibles acciones de los jueces Séptimo y Primero de lo Penal y el segundo contra la Fiscalía Anticorrupción.

A los anteriores hay que acumular que esta misma semana José Arturo Dagnino Acuña tramitó ooootro amparo, ahora en contra del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado… Total, como se ve, hay algunos a quienes su pasado cercano les empieza a quitar el sueño.

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Se les despertó la voluntad
El dirigente estatal de la CTM y diputado local, Javier Villarreal Gámez, comentaba ayer a los reporteros que son ocho los sindicatos afiliados a esa central obrera que son sujetos obligados por la Ley de Transparencia porque reciben recursos públicos y por tanto deberían tener la información al alcance de cualquier ciudadano y más de sus propios agremiados.

Villarreal asegura que en esos sindicatos se están capacitando para presentar, ahora sí, esa información en los formatos establecidos en la ley porque hay la voluntad para hacerlo, al grado que son “punta de lanza” en el Consejo Sindical en el que sí hay muchos más sindicatos con esa obligación, obviamente incumplida.

Pues qué bueno que ya se les despertó esa voluntad de cumplir con la ley en los sindicatos cetemistas –que no se sabe cuáles son, aunque debiera conocerse el dato- porque no se puede negar que a los líderes les valió sorbete cumplir con el plazo establecido para la publicación… A ver si es cierto.

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¿Y por qué no mejor al revés?
Como ya estará Usted enterado, como parte de las reformas electorales va la posibilidad de la reelección de alcaldes y diputados locales, lo cual se ha visto como un avance por la posibilidad de que los ciudadanos premien a quienes han hecho buenos gobiernos en los ayuntamientos o cuya legislación haya dejado huella, o bien castiguen a los insolentes que se atrevan a pedir nuevamente el voto sin mérito para ello.

Pues abierta esa posibilidad, cuentan que por allá en el sur de la entidad ya andan alborotados con la posibilidad de la reelección los presidentes municipales de Huatabampo, Etchojoa y Álamos y que el Alcalde de Navojoa trabaja por la diputación federal, por lo que el lógico temor es que en esos afanes se distraigan de sus funciones y algunos pudiesen caer en la tentación de desviar recursos públicos hacia sus propios proyectos electorales.

Es por esa razón que se preguntan si lo mejor no hubiera sido poner en la ley que alcaldes y diputados ya no puedan aspirar a ningún cargo en los periodos siguientes, para que así estén obligados a terminarlos y ya no caigan en esa tentaciones… O sea, que en vez de abrirles más caminos para seguir en la liana, se los hubieran cerrado… ¿Cómo la ven?

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mrx@expreso.com.mx

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