Privatizar el alumbrado
Ya andaba el “run run” de la existencia de un proyecto para concesionar a particulares el servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de Hermosillo, pero sí fue sorpresivo el anuncio hecho por los regidores del partido Movimiento Ciudadano de que será este sábado cuando se someta a votación en el Cabildo… Por supuesto que estos regidores, encabezados por Rosa Elena Trujillo, se manifestaron en contra.

Aquí en EXPRESO hemos recibido testimonios de las quejas en diferentes colonias por la deficiencia en el alumbrado público, un servicio que es clave para las condiciones de seguridad y, por lo mismo, es objeto constante del vandalismo contra sus luminarias e instalaciones, que son bastante costosas… De hecho, el director del Alumbrado Público, Fortino León, dijo que se necesita invertir más de mil millones de pesos para renovar este servicio.

Pero hay algo cierto: contratos a particulares para el recambio por tecnología LED en municipios como Guaymas, Cajeme y en estos momentos en Navojoa, han sido exhibidos como supuesta fuente de enriquecimiento para políticos y empresas favorecidas… De allí el natural resquemor de que en la capital pudiera suceder lo mismo… Esperaremos este día para conocer el esquema que proponen a la administración municipal.

¿Y el DAP, ‘apá?
En más del tema anterior, imaginamos que en la exposición de motivos se deberá dar un panorama de cómo está la prestación del servicio y la utilización de los recursos, un capítulo donde debe informarse cuánto y en qué se invierte lo que la Comisión Federal de Electricidad carga a cada usuario por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Usted, estimado lector, verá que en cada recibo de la luz le viene un cobro de 49 pesos mensuales por ese concepto. Si consideramos que podría existir el mismo número de contratos de la CFE que del agua potable, unos 200 mil, entonces veríamos que la recaudación mensual sería cercana a los 10 millones de pesos, de los cuales se dice que la paraestatal se cobra alrededor de 70% por consumo de energía y el restante 30% (unos tres millones de pesos) se entrega al Municipio para dar mantenimiento al sistema.

Mucha gente cree que lo que paga en su recibo de la CFE por ese concepto alcanza para el mantenimiento del servicio en toda la ciudad, pero la realidad es que esos tres millones de pesos no alcanzan ni para el reemplazo de las lámparas que constantemente acaban su vida útil o son vandalizadas… Total, estos son números “al vuelo”, pero lo mejor será que el Ayuntamiento los transparente e informe cómo está la cosa.

Amparo de Ochoa
Publicamos “Entre nos”, hace exactamente una semana, que había circulado una información supuestamente proveniente de la PGR (cuyo formato fue calificado como falso por el delegado Darío Figueroa, pero sin descalificar el contenido) en la que se enlistaba a varios exfuncionarios estatales con supuestas órdenes de aprehensión y en la que se incluía a los exsecretarios de Educación y Cultura, Óscar Ochoa Patrón y Jorge Luis Ibarra Mendívil, una dependencia en la que se licitaron los contratos para los uniformes escolares.

Pues ayer se informó que Óscar Ochoa Patrón tramitó ya su propio amparo (869/2016) en contra de posibles acciones del Ministerio Público Federal, lo cual no sabemos si es porque el exfuncionario sabe que está involucrado en una investigación o simplemente porque se asustó al ver su nombre en esa supuesta lista… No se sabe aún que Ibarra Mendívil se haya amparado.

Comentamos también que, en honor a la verdad, los nombres de ambos exsecretarios no se han mencionado dentro de los supuestos beneficiarios de las millonarias mochadas que, se ha revelado en investigaciones oficiales, beneficiaron a exfuncionarios y empresarios coludidos.

No hubo buen fin
Pues parece que los líderes yaquis opositores al paso del gasoducto por sus tierras, entre ellos el beligerante Mario Luna, decidieron no entrarle al “Buen fin” y no le habrían bajado a las pretensiones económicas con las que, de concederse, se allanaría el paso a la obra, según dicen.

Como se sabe, este gasoducto que la empresa Ienova construye para dotar de gas natural a proyectos de generación eléctrica de la CFE, inicia en El Sásabe, Sonora y debe concluirse en El Oro, Sinaloa, pero a su paso por más de 800 kilómetros puede surtir el combustible a empresas de los municipios cercanos… De esos poco más de 800 kilómetros, son 90 los que están en territorio de los ochos pueblos yaquis, de los cuales las autoridades de siete autorizaron el paso, previo pago de derecho de paso, claro y únicamente sigue en oposición el pueblo de La Loma de Bácum.

Ahora bien, lo cierto es que un juez concedió a representantes de este pueblo un amparo por el que se impide que continúe la construcción del gasoducto por sus tierras y también interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de los hechos violentos del pasado 21 de octubre… El caso es que no se ve luz al final del gasoducto y menos una solución, porque los yaquis están a punto de reanudar el bloqueo de la Carretera de Cuatro Carriles, en plena temporada del arribo de los paisanos.

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