NADIE CONTENTO
Tal como se escribió “Entre nos”, la asignación de las diputaciones plurinominales hecha por el Instituto Estatal Electoral no dejó satisfecho a ninguno de los partidos y por eso será uno de los procesos más impugnados de la historia electoral sonorense.

El PRI se inconforma porque dice merecer un diputado más de los cuatro asignados; la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano dice merecer una pluri más para llegar a dos, con la esperanza de completar una fracción parlamentaria y el dineral que significa; Morena está que arde porque le habían reconocido tres en un primer dictamen y luego se los bajaron a dos y, el PAN, que de dos pasó a tres pluris, quiere más y denuncia que aun con esa corrección los consejeros dejaron sobrerrepresentado a Morena.
Total, será en los tribunales donde se dará punto final a este proceso, de mucha importancia como le decíamos porque de ello depende en buena parte el número de fracciones parlamentarias que quedarán en la próxima legislatura…

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CON EL SOMBRERO AJENO…
Recordarán que una de las mayores críticas a los informes del gobierno es que hacen caravana con sombrero ajeno, al incluir en los mismos obras y acciones de otros niveles de gobierno y hasta de particulares como si fueran propios… Pues así por el estilo estuvo ayer el nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Aarón Grajeda Bustamante, en su propio informe de resultados.
Resulta que el recién estrenado presidente Grajeda rindió un informe anual (que debió dar el presidente que salió, Alberto Haaz), en el que se columpió de los resultados obtenidos por los procedimientos iniciados en la Contraloría estatal y en las contralorías municipales, así como en la Fiscalía Anticorrupción, como si hubieran tenido origen en el trabajo del CPC-SEA, cuando de ninguna manera fue así.
Fue al final cuando Grajeda dijo la realidad: que derivado de esos resultados, el CPC-SEA emitió 12 recomendaciones a dependencias y organismos estatales y municipales “para fortalecer el combate a la corrupción”, recomendaciones que tienen el mismo valor que los exhortos que se hacen en los congresos, o sea nada… Lo cierto es que, como ya apuntamos antes, bajo la presidencia de Haaz se hizo muy poco, así que al nuevo presidente le dejaron la varilla muy baja… A ver si así la brincan.

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LOS SUELDOS DE LOS JUECES
Quizás lo más delicado, pero a la vez lo menos entendido, entre las propuestas del presidente electo López Obrador, sea establecer un tope salarial ubicado en los 110 mil pesos mensuales que él ganará, pero que incluiría a los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, una medida que pudiera ser muy popular pero mucho más perjudicial.
Es cierto que indignan los altos sueldos de la burocracia, pero es porque se les equipara con actos de corrupción, cuando no debiera ser así, pues si bien es absurdo pensar que un alto sueldo garantiza la honestidad en el desempeño de un servidor público, igual lo es pensar que se conservaría la calidad de los juristas que requieren los altos tribunales de justicia, con el riesgo que ese deterioro se traslade luego a los estados.
La sociedad debiera entender (y defender, los que lo entiendan), que a los altos cargos del Poder Judicial se llega luego de una larga y muy laboriosa carrera (salvo nada honrosas excepciones, que las hay), la cual exige un talento que debe conservarse mediante sueldos decorosos, suficientes para cuando menos competir medianamente con los ingresos de un litigante exitoso… Bajar los sueldos a los niveles que se manejan hará poco atractivo seguir la ardua carrera judicial, por lo que a mediano o largo plazo se perdería mucha calidad y quizás integridad… Precisamente por la calidad que se necesita en las sentencias, los más preocupados con esta idea debieran ser los propios abogados mexicanos.

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AFECTADOS POR DESVÍOS
A propósito de lo que comentamos “Entre nos” sobre la reparación del daño que se autorizó a los “padresistas” para que salieran de prisión, luego de su detención por la transferencia ilegal de recursos estatales hacia el PAN, una identificada lectora escribe que hemos caído en el error de citar al Gobierno como único afectado por esa ilegalidad, cuando a los servidores públicos panistas les descontaron dinero sin autorización y ahora ya saben que lo mandaban en grandes cantidades hacia el partido.
Escribe: “Supongo que aún no se ha tocado el tema de reembolsarle a los servidores públicos, del anterior sexenio, los montos descontados quincenalmente. Si los recién liberados fueron condenados a la reparación del daño, este daño fue a los trabajadores y al PAN. Descontaban el 5% cuando el Reglamento de Miembros dice que es el 2%. Que saquen las cuentas y avisen. Yo tengo todos los talones de cheque con los descuentos y, seguramente, cientos más también”.
Pues, como se ve, parece tener razón cuando cita que el dinero de las cuotas descontadas (que eran el total o una parte de lo desviado) era dinero privado y no público… En fin, quién sabe si eso sea litigioso.
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