El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el gobierno donde mayor muertos, por homicidios dolosos, se hayan registrado, a un ritmo actual de cuatro cada 60 minutos. Y quien vio en el gobierno de Felipe Calderón el origen de todos los males en materia de seguridad, decidió que para la pacificación del país, cuando llegue a la Presidencia, recurrirá a la estrategia que precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué paradoja. La Némesis mexicana, como identificaron al gobierno de Calderón, resultó tener una estrategia que funcionaba mejor.

Al presentar su plan de gobierno el lunes pasado, el proyecto de López Obrador pasa por el rediseño institucional del área de la seguridad, la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por sobre la fuerza y por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los miembros de los cuerpos policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”, dice en el proyecto del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.

Tiene razón López Obrador, pero en lo cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en seguridad toca los linderos del problema de la seguridad pública pero no lo ataca de fondo. El problema de la última década obedece a otros factores más complejos. La violencia en el sexenio de Calderón escaló por el cambio de incentivos en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores. Previamente, la racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo dos, con lo cual las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y territorios, sin enfrentarse entre ellas y así evitar que al llevar la violencia en las calles, la respuesta del Estado fuera equitativamente violenta.

El viejo esquema –que algunos han caracterizado como un pacto con los cárteles- se rompió por la incompetencia del gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen organizado, que en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pasaron a jugar el rol de autoridad, apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo criminal de no pelear entre ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la vida. La estrategia de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países para enfrentar a las organizaciones criminales en Palermo, Medellín, Nueva York o Miami, donde el costo de vidas se iba a incrementar de manera radical y gradualmente, golpeando con mayor velocidad a que los cárteles podían remplazar a jefes y estructuras, irían ganando la guerra.

El índice de violencia comenzó a bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por completo la estrategia –porque no la entendió nunca- y señaló que sería mediante la prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir ocho meses a los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención se redujo a minucias –como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y no dejaran la escuela y se integraran a las pandillas- y durante los dos últimos años dejaron de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló Plataforma México, que aportaba inteligencia criminal, y con una visión torcida de la seguridad, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña Nieto la violencia se incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión criminal cubre prácticamente todo el país.

López Obrador, como nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno está su solución. Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó –incluidos los entonces gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong- en el Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008, donde convierte a la seguridad pública en un asunto de Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia de inteligencia que ejecutó Plataforma México hasta que el gobierno actual la liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como también la profesionalización de las policías y su mejoramiento salariar, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López Obrador también recoge en su proyecto, la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública.

El que haya recurrido a una estrategia ya planteada, no debe llevar a la descalificación del plan de gobierno de López Obrador. Más bien, habla de una maduración al sostener que la seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado Mexicano. La improvisación del equipo de seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este gobierno ha sido demasiado.