Los foros sobre paz y seguridad, a partir de los que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzará a construir su estrategia de seguridad, comenzaron en Ciudad Juárez con un catálogo de buenas intenciones que van a llevar, ante la ingenuidad demostrada, a la creación involuntaria de un narcoestado. Las líneas generales que buscan ser dos próximos meses y una eventual consulta popular, están ancladas en el otorgamiento de una amnistía a quienes están metidos en el negocio del narcotráfico, como lo propuso López Obrador en diciembre pasado durante una visita al Istmo de Tehuantepec. 

En esa gira, dijo que “se van a explorar todas las posibilidades y no descarto que se someta a discusión que se consulte al pueblo sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz. Ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país”. La propuesta surgió, confiaron cercanos al Presidente electo, como varias de sus grandes frases, a partir de lo que le gritaban los asistentes a sus mítines. Una señora en aquella región istmeña pidió que le dieran amnistía a narcotraficantes, de donde tomó la idea y la ventiló. Varios de sus asesores de comunicación e imagen le recomendaron que corrigiera rápidamente esa afirmación por las consecuencias que tendría, pero López Obrador, muy a su estilo, apretó el acelerador. Durante los siguientes meses fue ratificando la idea central, pero matizando el alcance que tendría la amnistía de marras.

Días después en Quechultenango, Guerrero, la prensa que lo acompañaba le preguntó sobre la amnistía. “Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas y los familiares de las víctimas”, respondió. “No descartamos el perdón. No hay que olvidar, pero sí se debe personar si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”. El utilitarismo de John Stuart Mill en toda su extensión, con el bien mayor por encima de todo. Cuando la prensa le pidió especificaciones y si la amnistía incluiría a los jefes de los cárteles de las drogas, abundó: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”.

Sus afirmaciones provocaron repudio en la sociedad política. Tras el primer debate presidencial, Alfonso Durazo, a quien propondría más adelante como su secretario de Seguridad Pública Federal, trató de explicar lo que su jefe político quiso decir. “López Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado”, afirmó. “Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país”. La pregunta era y sigue siendo: ¿qué quiso decir Durazo? 

Lo que posteriormente varios miembros del equipo de transición explicaron, es que no se trataría de amnistiar a todos, sino a algunos. Amnistía habría para niños y campesinos, no para criminales, sin explicar si esa subcategoría perdonaría a sicarios, que también hay menores y campesinos, o no. Este juego de palabras, obviamente, es sarcástico, pero sirve para subrayar las deficiencias conceptuales e informativas en las que se encuentran López Obrador y su equipo de seguridad. Durazo resaltó el desconocimiento generalizado en la inauguración del foro en Ciudad Juárez, donde anunció que van a desarrollar una estrategia de Estado, no sólo de gobierno, para dar resultados en el corto plazo. “Proponemos construir una receta mexicana para la pacificación de nuestro país (y) por difícil que parezca buscaremos y encontraremos el entendimiento de todos los mexicanos para construir la paz”.

La “receta mexicana” es vieja. Una estrategia de Estado la propuso el presidente Felipe Calderón en 2009, pero aquél plan integral sólo vio cumplimentada la parte de la lucha policial y militar contra los cárteles de las drogas, porque el resto del Estado –paradójicamente salvo el caso de Juárez, donde la participación de gobierno, empresarios y sociedad civil frenó la violencia-, fue negligente en su trabajo. El presidente Enrique Peña Nieto también la planteó, pero a diferencia de Calderón, no hizo nada de importancia salvo capacitar y armar a grupos de autodefensa, incluidos a miembros de los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, para exterminar a Los Caballeros Templarios. 

La gran novedad en el planteamiento del nuevo gobierno es la amnistía a los narcotraficantes, fórmula para la reconciliación. El único que la planteó, pero como expresidente, fue Vicente Fox en 2011. No hay ningún Estado en el mundo, que no sea considerado un narcoestado, que haya optado por una amnistía a narcotraficantes, que en sí es un pacto con el crimen organizado. El trueque es dejar de combatir a las organizaciones criminales, si estas dejan de sembrar muertos en el país. Es decir, si se ponen de acuerdo los cárteles y reparten territorios y acuerdan impuestos de paso de drogas, para que el negocio florezca en climas estables exentos de violencia. Eso, por supuesto, reduciría la tasa de homicidios dolosos, acabaría con la ley de la selva y la zozobra social. Se implantaría la Pax Narca de López Obrador. 

El costo sería que como en el gobierno de Fox, los cárteles regresaran al control pleno de territorio mexicano y gobernaran por encima del Estado. No puede ser este el objetivo de López Obrador, quien debe tomarse muy en serio el fenómeno de la seguridad para que no se diga, como hoy, que su gobierno será de ocurrencias.