Por Francisco J. Landeros Jaime*

Los derechos de las personas refugiadas y migrantes es un tema ─entre otros tantos─ que el Gobierno mexicano olvidó atender durante el último año. Negación al acceso a la salud, detenciones irregulares, acusación de tortura y malos tratos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), son algunos de los problemas que aborda el Informe 2017/2018 Amnistía Internacional (AI):
“La situación de los derechos humanos en el mundo”.

En ese sentido, AI da a conocer en su reporte que sólo durante los primeros ocho meses de 2017 se recibieron 8.703 solicitudes de asilo de tal cantidad un reducido 12% de los casos fueron resueltos a favor de los solicitantes, quienes principalmente eran originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela; cabe destacar que estos dos últimos países lideraron el número de peticiones producto de los problemas sociopolíticos que aquejan a gran parte de su población.

Por otra parte, las deportaciones durante el año pasado también estuvieron a la orden del día, pues hasta poco antes de concluir 2017 Amnistía Internacional reportó que al menos 74.604 fueron deportadas de un total de 88.741 detenciones que se realizaron hasta noviembre, donde 20% corresponde a niños y niñas migrantes. Las nacionalidades registradas coinciden con lo mencionado en líneas anteriores (excluyendo Venezuela).

Lo lamentable de los datos proporcionados por AI es que a la mayoría de las personas centroamericanas deportadas por el gobierno de México se les negó la posibilidad de impugnar su deportación. En un contexto carente de normativas entre países que permitan reducir estas cifras, el panorama se muestra desalentador para lo que resta de 2018.

Peor aún es la violencia a la que hombres y mujeres migrantes fueron sometidos  durante el periodo reportado. En este resalta que a pesar de los organismos creados para aminorar este tipo de prácticas, en  los centros de detención a cargo del INM se atentó contra la integridad física y psicológica de las personas, según indica Amnistía Internacional en su capítulo para México.

“Tales violaciones incluían hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos adecuados, reclusión en régimen de aislamiento como castigo, y denuncias de tortura y otros malos tratos”, indica de forma puntual el Informe de AI.

Lo anterior, es evidencia del estancamiento en materia migratoria en el que se encuentra México, donde la falta de tratados internacionales de acuerdo al contexto actual y políticas públicas en materia migrante son solamente un par de aspectos pendientes en cuanto a lo institucional, que si fueran resueltos a la brevedad, la situación para miles de personas que buscan un mejor futuro en territorio mexicano fuera distinta.

Aumentan homicidios y tortura

A la par de lo anterior, el índice de violencia en México también continúa en aumento.

En ese sentido, durante el 2017/2018 se registraron 42.583 homicidios, la cifra  más alta desde 2012. En este rubro, Amnistía Internacional advierte que los números pudieran ser más altos ante la falta de denuncias.

En este contexto, se presentan también detenciones y reclusiones arbitrarias: “violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.

Adicionalmente se reportaron 4.390 casos de tortura revisados a nivel Federal. Por último, resalta la desaparición forzada de 34.656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres) aún sin esclarecerse. A ello se le agrega la muerte de 12 periodistas, lo que atenta también contra la libertad de expresión.

Este es el panorama en el que se desarrolla la contienda política por la Presidencia de México, por lo que temas como migración y seguridad pública debieran ser prioridad para quienes obtengan la victoria en las elecciones 2018.

Informe completo: https://amnistia.cl/landing/informe-2017-18/

*Candidato a Doctor en Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora.

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