*Francisco J. Landeros Jaime

El transporte urbano es uno de los servicios públicos que durante las últimas dos décadas ha generado más problemas en el estado de Sonora. Los esfuerzos realizados en torno al mejoramiento de la movilidad urbana poco han aportado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que utilizan este medio de transporte. De igual manera el avance vinculado a la integración del sistema actual con la infraestructura de la ciudad es nulo.


En ese sentido, las políticas públicas puestas en marcha a partir de 2002 con la aprobación de la aún vigente Ley 149 de Transporte Público fueron el inicio de un caos que cada año se intensifica pues por las deficiencias en su diseño, administración y operación los programas SUBA, Bus Sonora y UNE sólo reflejan la reproducción de malas prácticas de autoridades gubernamentales y transportistas, en específico dentro de la Dirección General de Transporte, FEMOT y Sictuhsa.


En torno a la problemática del transporte, en particular de Hermosillo, son dos puntos los que en esta ocasión destaco: por un lado el incumplimiento del deteriorado marco normativo bajo el cual el Estado “regula” las acciones de los transportistas al ser un servicio concesionado; y por el otro, el poder político que esto genera, que con el paso del tiempo se intensifica entre los concesionarios que integran Sictuhsa.


Desde el neo instuticionalismo (New institutionalism), Douglass C. North advierte que “las instituciones constituyen una guía para la vida diaria” donde las reglas formales e informales son relevantes de tal suerte que potencian el actuar de los actores que de alguna forma se encuentran vinculados al tema de interés, en este caso al transporte urbano.


En ese sentido, el gobierno de Sonora desde hace dos décadas ─sólo para apegarnos al inicio del periodo de modernización─, poca atención ha prestado a sus propias reglas incluidas en la legislación, Normas Técnicas y acuerdos; lo que genera absoluto olvido de su propósito principal relacionado al bienestar social.


Aunado a ello se encuentra la poca efectividad al momento de aplicar sanciones, lo cual es remediado con la puesta en marcha de acuerdos informales, más apegados a negociación política que a verdadera regulación.


En relación a esto, recuerdo que como parte de un proyecto de investigación orientado a entender el conflicto entre Estado y concesionarios, en una de las entrevistas un alto funcionario administrativo dentro del FEMOT argumentó la negativa al acceso de información con lo siguiente: “si te entrego la información que solicitas puedo tener problemas. Primero debo consultar a los concesionarios porque de lo contrario se pueden enojar”.


A partir de ese diálogo comprobé en aquel momento que gran parte del problema lo propician las malas prácticas del mismo Estado, quien también es el responsable del poder político que muestran en la actualidad los transportistas en las negociaciones.


Una consecuencia de este poder político es que genera incertidumbre entre los usuarios del transporte en Hermosillo ante las amenazas de incremento ─arbitrario por cierto─ de tarifa por parte de concesionarios, quienes además agregan a la ecuación la negativa de encender aire acondicionado en un contexto en el cual la temperatura se convierte en un riesgo para la salud de los usuarios.


Durante la misma investigación citada en líneas anteriores, los responsables de modernizar el transporte en otras ciudades de América Latina me advirtieron sobre las complicaciones que Sictuhsa generaría a mediano y largo plazo producto de ese poder que el mismo Estado les otorgó al integrarlos en una sociedad, “similar a un sindicato”, manifestó el especialista. Tiempo después aquellas ideas cobraron fuerza y se manifiestan hasta hoy en los problemas actuales.


Ante este panorama las autoridades estatales, en particular la Dirección General del Transporte y FEMOT, están obligadas a tomar en cuenta, pero con auténtico interés y apertura sin la simulación que los caracteriza, los esfuerzos que desde la academia y sociedad civil se realizan para entender el funcionamiento de los servicios públicos, en particular el de transporte cuyo beneficio de una modernización sistemática puede impactar en distintos niveles, tanto individuales como contextuales, al estar vinculado ─como se ha comprobado en otras ciudades del mundo─ al desarrollo económico, salud, cuidado ambiental, incluso seguridad pública.


*Candidato a Doctor en Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora.
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.