Liz Ileana Rodríguez Gámez*

De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se estima que al finalizar el año 2016, la deuda pública de México ascenderá a 50.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) generado en el país. Con la aprobación de la Ley de Ingresos Federal, los diputados no solo aprobaron lo propuesto por el gobierno federal, sino además un incremento de 5.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2017, con ello se prevé que la deuda total al cierre del año alcance el máximo histórico del 56.1% del PIB, según especialistas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, México tiene una deuda pública total de 10.5 billones de pesos, lo cual representa una deuda de 88 mil pesos que en teoría cada uno de los mexicanos debería pagar, independientemente de su edad, condición económica o afiliación partidista.

El empeoramiento sistemático y creciente del déficit presupuestal y de la consecuente deuda pública, adquirida por los gobiernos, es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial; hasta entonces, las funciones del Estado se limitaban a la defensa, la justicia y la seguridad. Aunque en el caso de México los problemas de déficit y deuda han sido consistentes y persistentes desde que nos constituimos como nación libre y soberana, es notorio que las tareas de estabilización y las acciones del gobierno por evitar profundas y/o prolongadas crisis económicas han incrementando el déficit presupuestal.

Además la intervención del gobierno en la esfera social, a través de la provisión de servicios educativos y de salud, el combate a la pobreza y otros de seguridad social, incluyendo sistemas de retiro y jubilación han requerido la asignación de mayores recursos presupuestales; los cuales acompañadas de un envejecimiento de la población (con reducción de la natalidad y aumento de la esperanza de vida), encarecimiento de los tratamientos médicos, reducción del crecimiento económico y aumento del desempleo, aumento en los niveles de corrupción, entre otros factores, han llevado a una creciente necesidad por recursos públicos.

Legado intergeneracional

El incremento del déficit presupuestal y de la deuda pública acumulada supone un legado intergeneracional muy elevado, que provoca un incremento general, en el mediano y largo plazo, de los impuestos; existe además una afectación negativa en el crecimiento futuro de la economía al penalizar la inversión pública y privada; por si esto fuera poco, al amortizar la deuda de los inversionistas extranjeros y nacionales, en especial de inversionistas mexicanos que finalmente colocan sus riquezas en bancos extranjeros o invierten en otros países, se produce una transferencia de recursos hacia el exterior.

Con el fin de generar una distribución de la renta más equitativa, una de las vías es conseguir una disciplina fiscal que residan en leyes o normas que constituyan una forma de autocontrol para los políticos. Entre estas deberá de considerarse las redistribuciones intergeneracionales de la deuda, por lo que como ciudadanos, debemos ser más cautelosos y vigilar aquellas medidas del gobierno de dudosa justificación económica y ética, pues si bien éstas le proporcionan una elevada rentabilidad electoral, lleva a los ciudadanos a sobrestimar los beneficios de las políticas de gasto y a subestimar las futuras cargas tributarias.

Si un votante egoísta apoya políticas que aumenten el gasto y desplacen la carga de más y mayores impuestos hacia el futuro, a través de la deuda pública, el problema del desempeño económico de México no puede verse solo como una falla de las autoridades, sino como una falla de los ciudadanos indiferentes y de familias que inculcan valores de justicia que se corrompen con el pasar del tiempo. No es culpa de los españoles, de los ingleses, de los norteamericanos o de Donald Trump, sino de los propios mexicanos el que no aprendamos de nuestro pasado y no valoremos el país que hoy tenemos.

*Doctora de El Colegio de Sonora