A tres meses... ¿y dónde está Javier Duarte?
CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado 91 días desde que un juez federal giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y autoridades aún no logran ubicar su paradero.
Fue el pasado 18 de octubre cuando un juez federal otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión solicitada en contra el exmandatario por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal.
Desde entonces, el gabinete de seguridad busca al exmandatario estatal, de quien se desconoce su paradero desde el 12 de octubre del año pasado, cuando solicitó licencia a su puesto como gobernador "para enfrentar los cargos en su contra".
Elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mantienen una búsqueda continua en todo el territorio mexicano, aunque se presume que el prófugo podría haber salido del país.
Duarte también es buscado por la Interpol en 190 países que forman la organización.
La Procuraduría General de la República ha solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica, puntos donde se ubicaron inmuebles y cuentas bancarias que probablemente adquirió el ex gobernador con recursos desviados de manera ilegal.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, informó recientemente que Duarte es buscado por todo el mundo y la PGR se ha valido de los mecanismos de inteligencia y la cooperación que tiene México a través de los diversos instrumentos internacionales.
La PGR emitió el 11 de noviembre pasado la ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcione información veraz y útil que coadyuve a la localización y detención de Duarte.
El 21 de octubre, la PGR registró cinco inmuebles ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc.
Agentes de la la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos del gabinete de seguridad cumplimentaron cinco órdenes de cateo en predios relacionados con Javier Duarte y los ocho implicados en la investigación.
El 1 de noviembre, policías federales ministeriales solicitaron acceso al rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, y realizaron un cateo en el lugar con la finalidad de ejecutar la orden de aprehensión, pero no lograron localizar a Duarte; el cateo se realizó después de que el padre Solalinde publicara un tuit con las coordenadas del lugar asegurando que ahí se ubicaba el exgobernador.
El 11 de noviembre, también en Chiapas, autoridades detuvieron en el aeropuerto internacional a Mario Medina Garzón, primo de la esposa de Duarte, Karime Macías, en posesión de dos pasaportes apócrifos con las fotografías editadas del exmandatario y su mujer. Los pasaportes estaban a nombre de Alex Huerta Del Valle y Gabriela Ponce Arriaga.
Las investigaciones de la PGR y del ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lograron llegar a un acuerdo reparatorio con dos empresarios, quienes devolvieron 421 millones de pesos que habían recibido de el exgobernador; recursos que formaban parte de los desvíos.
Fuentes federales informaron que en uno de los cateos realizados en la colonia Del Valle se aseguraron 20 millones 467 mil 676 pesos, entre moneda nacional, dólares americanos y monedas de oro de diferentes denominaciones.
Actualmente la PGR realiza las diligencias correspondientes para esclarecer la procedencia de lo asegurado y en caso de comprobar que es parte de los desvíos realizados por Javier Duarte se devolvería íntegramente a la Tesorería del Gobierno de Veracruz.
El mismo proceso se seguirá con propiedades aseguradas en España y Estados Unidos que presumiblemente pertenecen al ex gobernador prófugo.
Yunes Linares destapó otro acto de corrupción de Duarte: el uso de agua destilada para tratamientos de quimioterapia para niños con cáncer, lo que significa que los menores no recibían el medicamento que les correspondía.
El Universal / EMEG 17/01/17/RG
