sofia acevedoSAN DIEGO, EU.- Sofía Johnson Acevedo presentó un reclamo por negligencia al gobierno federal de Estados Unidos por 25 millones de dólares, ya que fue deportada cinco veces a México, pese a ser ciudadana, dice.

En Tijuana fue condenada a una vida de indigencia en las calles, durante cinco años.

“El gobierno tiene seis meses para responder y si no lo hacen, vamos a presentar una demanda federal en el Distrito Central de California porque cometieron
un grave error”, dijo el abogado en migración Keith Ayers.

Precisó que la acusación fue presentada en Washington, D.C. bajo el Acta Federal de Reclamos de Agravios. “Estamos pidiendo al gobierno pagar por los errores severos que cometieron cuando tenían evidencias de que Sofía era ciudadana, no residente legal. Queremos que el gobierno tome responsabilidad después de que la hicieron perder 20 años de su vida en una prisión federal y en Tijuana”, señaló el defensor.

 

Entró como residente

Johnson Acevedo nació en el estado norteño de Sonora, México en 1962. Es hija de una madre mexicana y un padre estadounidense que sirvió
en la Segunda Guerra Mundial. A los seis días de nacida la trajeron a Estados Unidos.

El problema fue que por desconocimiento de las leyes de migración, sus padres la ingresaron al país como residente legal, no como ciudadana.

Años más tarde, en la década de los 80’s y 90’s, se metió en líos con la justicia y fue encontrada culpable de posesión de sustancias tóxicas y mercancía robada.

Debido a que estaba bajo el estatus de residente fue reportada a las autoridades de Migración. Su condena la cumplió en una prisión federal, no en un Centro de Detención para Inmigrantes.

Al mismo tiempo le revocaron en ausencia la residencia permanente en una corte migratoria, y al terminar su sentencia fue deportada. “Siempre pensé que era ciudadana pero mi madre nunca me dijo que me habían registrado como residente. Mi padre ya estaba muerto”, dice Johnson Acevedo.

Ya en México intentó reingresar a EEUU en cinco ocasiones. “Me cachaban y no me dejaban entrar”, recuerda. Ningún agente escuchó sus súplicas de que era ciudadana.

Y por el contrario, “la acusaron de reingreso ilegal y reclamo falso de ciudadanía estadounidense”, dijo su abogado Ayers. Ella pasó un total de cinco años en Tijuana, Baja California.

“Viví en refugios y en la calle. Me enfermé de neumonía, empecé a caminar encorvada, con la cabeza agachada. No podía respirar bien. Nada bueno sale de vivir en la calle. Ahora me tienen que hacer como ocho estudios para ver qué tengo”, dice.

Regresa, pero no le creen

Después de un proceso que se tomó años, los abogados Keith Ayers y Jason Wright consiguieron que un juez reconociera la ciudadanía de Sofía.

Pero no terminó todo ahí. Cuando el abogado Ayers fue a recogerla a Tijuana, al llegar a la frontera y mostrar el permiso especial para que ella cruzara a Estados Unidos, el agente de migración no le creyó.

El agente migratorio obligó al abogado a bajar se del auto, lo esposó y lo puso en un cuarto junto a otros inmigrantes, todos en ropa interior.

“Me amenazaron con darme cargos de contrabando de inmigrantes. Les mostré los documentos de que Sofía era una ciudadana, pero aun así no la dejaron entrar al país. A mí me dejaron salir tras una detención de cuatro horas”, dijo el abogado Ayers.

Tuvieron que pasar seis meses para que el Consulado de Estados Unidos en Tijuana expidiera un pasaporte estadounidense que permitió que en 2016 Sofía pudiera reingresar al país.

Problemas en serie

Pero tantos años de vivir en la calle, le pasó la factura en su salud. En la actualidad, Sofía vive en Lancaster. Usa andadera para caminar, sufre de depresión y no tiene un hogar dónde vivir.

“Por mandarme dinero a México, entre 100 y 150 dólares cada mes, mi madre perdió su casa. Ahorita vivimos del Seguro Social que ella recibe y de la ayuda para discapacidad de mi hermano. Los tres estamos en la calle. No tenemos una casa. Vivimos de hotel en hotel”, dice.

“Pero es mejor vivir en Estados Unidos, aunque sea sin un techo y pobre, que en México donde las oportunidades son mucho menores. Aquí hay agencias que lo pueden ayudar a uno y yo a mis 56 años todavía tengo una oportunidad”, considera.

Johnson-Acevedo dice que su alegría por obtener su ciudadanía es a medias. “Estoy contenta de estar de regreso pero triste porque vivimos en la calle, sin dinero, y mi salud está muy deteriorada”.

Si el gobierno federal la compensa, comenta que utilizaría ese dinero para ofrecerle un techo a su madre. “No merece estar en la calle. Ella trabajó y pagó impuestos”, dice con tristeza.

Con información de La Opinión