Costos políticos

El uso arbitrario de la fuerza y las armas de fuego por parte de agentes policiacos en México no es un secreto a voces, es una realidad estrepitosa.

No en vano, la última sentencia que recibió nuestro país por violaciones graves a derechos humanos fue por el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual, en Atenco” en 2018, en donde la represión de una manifestación terminó con la participación de policías municipales y estatales en la detención de mujeres, quienes fueron sometidas a diversas formas de violencia, entre ellas, patadas, amenazas, insultos sexualizados e incluso la violación sexual.

Es preciso decirlo las veces que sea necesario, de ninguna manera, en absoluto, se puede justificar que en pos de mantener el orden público, policías obliguen a manifestantes a tener sexo, como sucedió en el Caso Atenco, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Existen estándares internacionales muy claros, principios que guían el uso de la fuerza y las armas de fuego, precisamente para que los agentes policíacos cumplan con sus responsabilidades sin violentar los derechos humanos de las personas.

Empezando por la legalidad, que nos dice de manera expresa que la facultad de usar la fuerza debe estar suficientemente fundamentada en la legislación nacional; esto quiere decir que un policía no puede ni debe usar de modo arbitrario la fuerza o las armas, sino que, todo lo que haga debe hacerlo porque la Ley así lo mandata.

Evidentemente, ninguna Ley en México permite o avala la tortura, la violencia sexual o cualquier otra forma de violencia.

Pero además de la legalidad, existen otros principios como la proporcionalidad y la necesidad.

El primero prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que inflige excede a sus beneficios, y el segundo, nos dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y las armas de fuego, y que podrán emplearlas solamente cuando otros métodos resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

El punto más importante es que todo este reglamento que se encuentra en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, un documento internacional que surgió en Cuba en 1990, y del cual el estado mexicano es parte, no tiene sentido si su contenido no se lleva a protocolos de actuación, si no se toma en cuenta en el día a día.

Peor aún, si los altos mandos y toda la cadena lo desconoce o se rehúsa a seguirlo.

Los estándares internacionales son los más protectores, es verdad, pero precisan bajarse a la cotidianidad, para tener un impacto positivo en la vida de las personas, por eso es imperativo llevarlos a reglamentos, a protocolos de actuación.

No olvidemos que precisamente los policías tienen estas facultades extraordinarias de utilizar la fuerza y las armas de fuego toda vez que desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos humanos como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

Es decir, las amplias competencias que se les conceden tienen por fin proteger derechos humanos y no por el contrario, ir en contra de ellos, violarlos.

El problema es que en tanto nuestros policías sigan actuando con arbitrariedad, en tanto los altos mandos de las corporaciones policiacas y toda la cadena de mando excluyan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y utilicen sus propios criterios; mientras persistan declaraciones desafortunadas de políticos criminalizando la protesta social y dejando ver que están a favor del uso de la fuerza sin ningún tipo de consideración respecto los derechos humanos, mientras que no haya un costo político para todo esto, México seguirá siendo terreno fértil para que casos como el de las “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco” se repitan una y otra vez.

No obstante los múltiples compromisos internacionales que tiene el estado mexicano respecto los derechos humanos, como lo explicó en una entrevista Marcela Villalobos, Presidenta de Amnistía Internacional México, es preocupante el bajo o nulo costo político que tiene por ejemplo, el tema de políticos mexicanos que emiten declaraciones que evidencian la nula sensibilización en derechos humanos al igual que el silencio cómplice.

La autora es Especialista en Derechos Humanos, Democracia, Niñez y Política Pública.