Para documentar el pesimismo
La jubilación del ministro Luis María Aguilar precipita la agonía del Poder Judicial, cuyos despojos serán engullidos por el Ejecutivo y sus lacayunas mayorías legislativas.
Al despedirse, con su habitual tono suave, dejó un mensaje desolador:
“Nos encontramos en un contexto muy difícil de la judicatura de México y para la impartición de justicia. Son tiempos en que vale la pena replantear el papel de las personas juzgadoras; cargamos sobre nosotros el peso de una reforma que atenta contra todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente, imparcial y de calidad. Nos enfrentamos a un futuro donde los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia…”.
Queda en diez el número de integrantes del Pleno: seis que como Aguilar votaron por la procedencia de revisar la reforma constitucional, uno que lo hizo en contra y tres incondicionales lopezobradoristas.
Su salida (oficialmente el sábado 30 de noviembre) coincidió con las exequias de la señorona Silvia Pinal (ojo: “diva” es también un término peyorativo) y la defunción de siete instituciones del Estado que contribuían a que la sociedad vigilara y equilibrara a los poderes públicos y privados.
Sin que algún presunto ladrón haya sido encarcelado, el oficialismo las tachó de corruptas y caras, pero el solitario senador Manlio Fabio Beltrones dio un ejemplo diáfano de su enorme utilidad:
“Aquí se ha dicho que se ahorrará aproximadamente cinco mil millones de pesos con la extinción de estos organismos autónomos. Recordemos que tan sólo con el hecho regulatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones se ahorraron 80 mil millones de pesos al quitar el cobro por larga distancia y al fomentar la competencia para reducir costos y tarifas”.
Con el exterminio de los autónomos y reguladores, deploró, se regresa “al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Están reviviendo al ogro filantrópico que tanto le costó al país erradicar…”.
De todos es de lamentarse su extinción, sobre todo la del Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos Personales. Sus funciones pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Función Pública), cuya titular, Raquel Buenrostro, arguye que en Estados Unidos no hay un equivalente al INAI. Omitió sin embargo que en ese país, desde hace más de 60 años, las autoridades que se niegan a satisfacer las peticiones ciudadanas de información se exponen a denuncias judiciales y que el cumplimiento gubernamental del derecho a la información supera 92%, mientras en México las negativas que resolvía el INAI superan la cifra de 20 mil.
Sin que su defensa prosperara, Beltrones recordó que la Plataforma del INAI “resguarda y protege de forma autónoma datos de miles de mexicanos y permite a los ciudadanos acceder a información pública relevante sobre actores y acciones gubernamentales”.
Y eso es precisamente lo que la turbia 4t no toleró…
Carlos Marín
cmarin@milenio.com