Tribunal, Consejo y el trabajo sucio
La vocación persecutoria y carcelaria del lopezobradorismo que se evidencia en su obsesión por la prisión preventiva oficiosa no es exclusiva de sus mayorías legislativas ni del gobierno que preside Claudia Sheinbaum; contamina instituciones que se supone ajenas a temas policiacos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal que, de ser vigilantes y garantes de asuntos electorales y judiciales, se han vuelto engranes de una maquinaria represiva contra juzgadores, como lo evidencian sus denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el juez y la jueza que ordenaron la suspensión del proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros: Sergio Santa María, de Michoacán y María Gabriela Ruiz, de Jalisco.
Y más: el coordinador de la diputación morenista, Ricardo Monreal, añade a la titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López y al juez Tercero de Distrito en Chiapas, Felipe Consuelo Soto.
Esta lista se alargará conforme avance la destructiva reforma judicial, que prevé la conversión del Consejo de la Judicatura en Tribunal de Disciplina Judicial, siniestro engendro del oficialismo para castigar a los jueces independientes que serán acusados de supuestos delitos contra la administración de justicia (miserable recurso del exgobernador Cuitláhuac García contra la jueza Angélica Sánchez). En adelante, esta figura será el garrote para “disciplinar” a los juzgadores que se opongan a los deseos del régimen.
La perversa estrategia bien puede llamarse de autodemolición, pues el gobierno evita mancharse las manos usando al Tribunal y la Judicatura como verdugos.
En vez de que el Ejecutivo, a través de su Consejería Jurídica, encabece las denuncias contra los juzgadores que le son incómodos, está logrando que la propia estructura judicial azuce los encarcelamientos.
La sañosa táctica no sólo facilita la eliminación de la disidencia interna sino que blinda al oficialismo de cualquier costo político.
El viernes 7 de febrero, en la conferencia de juzgadores en resistencia contra la maligna reforma constitucional al Poder Judicial, el internacionalista Zamir Fajardo reveló que sumaban 19 las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte medidas precautorias contra el Gobierno mexicano.
Los juzgadores perseguidos han entendido que su única defensa está fuera del país, porque en el sistema judicial mexicano la línea roja ya se cruzó: ahora, dictar resoluciones incómodas para impartir justicia con independencia de criterio se ha convertido en delito.
Antes del obradorato, el respeto a la autonomía judicial se simulaba, hoy se le persigue y, aunque AMLO decía y Sheinbaum ha repetido que no se debe proceder penalmente contra jueces para no “victimizarlos”, ninguno de los dos frena la cacería…
Carlos Marín
cmarin@milenio.com