¿Hasta la última gota de verdad?

No es raro que en cualquier exitosa investigación criminal subyazcan procedimientos innobles.

El GIEI y López Obrador dicen que los del nuevo video del basurero de Cocula eran “de Inteligencia” de la Secretaría de Marina.

Con tal mentira, exculpan a quien, según el comandante supremo, era “jefe” naval del puerto de Acapulco.

Falso: el almirante José Rafael Ojeda Durán comandaba la Octava Región Naval (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y, desde 2018, encabeza la Marina Armada de México.

Creer que los enfundados en blanca y profiláctica vestimenta que se ven donde fueron ultimados los 43 jóvenes de Ayotzinapa eran “de Inteligencia”, entraña suponer que se les ordenó dejar de recabar información, cruzar datos, espiar, analizar informes, grabaciones, publicaciones, imágenes, transcripciones, listados de origen, destino y duración de llamadas telefónicas (intervenidas legalmente o no), reportes de otros entes de seguridad y demás explicables tareas, para ser trasladados a un ignoto paraje a fin de que buscaran indicios corroborativos de las confesiones, obtenidas pocas horas antes, de los tres o cuatro guerreros unidos que delataron la escena del crimen.

Aun suponiendo que fuera “personal de Inteligencia” de las oficinas centrales de la Marina Armada (en la capital del país), y que se quisiera mantener sigilo dentro de la misma dependencia, es imposible que el comandante de la Región Naval (que incluye Guerrero) no fuera prevenido de la llegada de tropa de menor grado (ahora sé que esos marinos iban bajo el mando de un capitán de navío, fragata o corbeta).

Peor: por sus declaraciones ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, los delincuentes que balconearon el basurero dijeron haber sido interrogados por nada gráciles marinos en alguna embarcación (desde luego no de pescadores o recreo sino de la Secretaría de Marina) y, por ser de Guerrero, lo más probable es que haya sido en aguas de Acapulco.

No hay duda de que la Semar, al igual que el Ejército, participó en la infraestructura de las investigaciones.

Si la 4T quiere de verdad saber lo que pasó aquella mañana, AMLO deberá ordenar se investigue lo que, según la insidia contra la “verdad histórica”, sigue ocultando la Marina Armada:

¿Quién instruyó las detenciones, presiones y/o torturas en su participación dentro del caso Iguala? ¿Por qué se interrogó a esos detenidos y se guardó la primera información sobre el muladar? ¿Por qué no se les puso de inmediato a disposición del Ministerio Público? ¿Por qué se falseó la información al realizar la puesta a disposición? ¿Por qué no han sido investigados estos hechos y citado a declarar a los titulares, anterior y actual, de la Secretaría de Marina y al exprocurador Jesús Murillo Karam? ¿Qué funcionarios de primer nivel conocieron esta información? ¿Cómo y quién le informó al Procurador lo confesado por los asesinos cuando no habían sido entregados al MP federal que Murillo encabezaba?

Vaya reto de carácter y legalidad a secas…