Para 2028, ¿a quién se le reclamará?
Hace más de un año, en cumplimiento de una promesa de campaña, el Gobierno federal se comprometió a recuperar los restos de 63 de 65 mineros que sepultó la explosión de la mina de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 (los cuerpos de dos fueron extraídos en junio del mismo año y enero de 2007).
En 2019, las familias llevaban 13 años de duelo, suman ahora 14 y pasarán de cuatro a ocho más para que, de prosperar la insensata búsqueda, entre 2024 y 2028 los deudos reciban lo que pudiera recuperarse.
Nadie sabe en qué estado se encuentren los despojos ni si algunos o muchos fueron pulverizados por el estallido y los derrumbes.
En mayo de 2019 recordé aquí lo que aventuré debía hacerse desde que se suspendieron las tareas de localización, a poco de la tragedia, por lo impreciso del sitio en que se encontraban los trabajadores y por la explosiva peligrosidad del gas metano en túneles y socavones: erigir un memorial o un monumento en la boca de la que se convirtió en una tumba colectiva.
Ayer, por “La Jornada” me enteré de que la secretaria federal del Trabajo, Luisa María Alcalde, se reunió con viudas de los mineros fallecidos y les informó del plan de “rescate” (se “rescata” a vivos, se “recuperan” restos), semejante a lo que Grupo México de Germán Larrea (ex concesionario de la mina) planteó en 2006:
“Abrir una ‘nueva rampa’ en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión…”.
Y les dio una noticia desalentadora y de alto contraste con la “austeridad franciscana”: el intento costará “75 millones de ‘dólares’”.
Estremece que a los familiares los hayan ilusionado con la recuperación a pesar de la dificultad de cumplir lo prometido: se ignora el sitio en que estaban los mineros dentro de un túnel de más de un kilómetro y medio, quizás hasta a 490 metros de profundidad, además del riesgo, latente hasta la fecha, de intoxicación, derrumbes y explosiones.
Inclusive se les ha hecho creer que puede hacerse algo semejante al salvamento, en 2010, de 33 atrapados en la mina San José de Chile, a 720 metros bajo la superficie, pero la coahuilense es de carbón (obviamente flamable) y está plagada del imperceptible metano, en tanto que la chilena es de oro y cobre, y se conoció desde un principio el sitio exacto en que se hallaban los mineros.
En 2006, el “autónomo” Foro Consultivo Científico y Tecnológico que asesoraba al Poder Ejecutivo, al Conacyt y al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, recomendó cesar la búsqueda porque lo más probable era que la explosión hubiera causado derrumbes e inundaciones pero, sobre todo, que el gas pusiera en riesgo las vidas de rescatistas y recuperadores.
Hoy se hará lo que diga el “dependiente” Servicio Geológico Mexicano, organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Economía.
La encomiable siembra de esperanzas alienta, pero su postergación, o peor, su incumplimiento, conduce a la frustración, revictimiza a las familias y aplasta...