Usurpación de funciones
En sus recurrentes intromisiones en las campañas electorales y a pretexto de presuntas ilegalidades del candidato del PAN y PRI a la gubernatura de Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador formuló el jueves “a la gente” estas preguntas:
“¿Que el Presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto porque es injerencia electoral? ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer
realidad la democracia? ¿Cómo creen que me voy a quedar callado…?”.
La respuesta es sí: se debe quedar callado, porque irrumpir en las elecciones, simplemente, es ilegal. La Constitución y las leyes mandatan que los servidores públicos únicamente pueden hacer
lo que se les ordena (los gobernados podemos hacer todo lo que no está expresamente prohibido).
Y para organizar, vigilar y garantizar los comicios está el Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo del Estado que por fortuna no depende del gobierno. Ninguna de sus funciones puede ser
usurpada.
Ni en el sucio caso de su partido en Guerrero (¿qué tal esa candidata que apodan La Torita cuando, si se trata de animalizarla, sería La Vaca o La Becerra?) AMLO tiene derecho a intervenir.
Mejor que solo les recuerde a su sexópata correligionario Salgado y a su hija Juanita que están traicionando el compromiso que asumió cuando estalló la corrupción de su hermano Pío y Morena el 5 de noviembre pasado: “Aunque se trate de mi hermano, que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan.
No hay influyentismo en este gobierno, ni nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política…”. Por el contrario, no solo ha respaldado a su impresentable camarada que presume sus testículos y a quien apodan Toro, descalificando las acusaciones de violador sexual, sino se dispone a cumplirle la promesa de “desaparecer” el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, impulsando lo que aquí he llamado la Ley Criadillas.
En ese infame propósito, el Presidente cuenta con el incondicional respaldo de otro morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien anunció que prepara la iniciativa que acabará con el Instituto y el Tribunal electorales, basándose en la patraña de que los consejeros y magistrados trabajan para los “corruptos neoliberales” y la oposición al partido del Presidente.
Abandonado a su suerte y a la ignorancia de sus funciones precisas por sus áreas jurídica y de Gobernación, López Obrador llega al extremo de enarbolar su cuestionable “derecho de réplica” para embestir asimismo a los medios periodísticos, e inclusive arguye que habla “como ciudadano”, cuando lo cierto es que nadie del “pueblo” puede valerse de los inmuebles (Palacio Nacional), equipos y recursos del erario despilfarrados en las mañaneras, para decir cuanto le venga en gana.
Nadie votó por AMLO para que haga “la democracia”, derecho y obligación de la sociedad y sus instituciones. A lo único que está obligado, eso sí, es a respetar su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.