El legado de Ron Johnson en El Salvador de Bukele (I de II)
Ronald Johnson, nominado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en México con la tarea de combatir la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos de las prioridades del presidente electo, había cumplido un papel clave en El Salvador en 2019-2021 con un encargo similar: desarticular a las pandillas criminales o maras y frenar la migración en uno de los países con mayores flujos de personas hacia Estados Unidos. El primer mandato de Trump coincidió con el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, reelegido este año para un segundo periodo gracias al éxito de aquella estrategia conjunta.
Johnson, coronel retirado de las Fuerzas Especiales (boinas verdes) del Ejército estadounidense y exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), llegó a El Salvador el 4 de septiembre de 2019 con las pandillas surgidas al calor de la guerra civil de 1980 en la mira. Hasta entonces, 80% de los embajadores estadounidenses en el país centroamericano habían sido diplomáticos de carrera como en el resto de la región, por lo que sorprendió la escogencia de Johnson, “un militar sumamente pragmático”, según analistas.
Johnson tenía otras ventajas: casado con Alina Arias, hija de cubanos anticastristas exiliados, no sólo hablaba bien el español sino que conocía El Salvador. Había estado ahí precisamente en los 80 como uno de los 55 asesores militares del Comando Sur que enfrentó a la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) en el diminuto país.
Licenciado por la Universidad de Nueva York y con una maestría en la Universidad de Inteligencia Estratégica de Washington, Johnson dejó el Ejército en 1998 con el grado de coronel, tras ser asesor senior del Comando Sur, que coordina la política militar de Washington en 33 países de América Latina. En los siguientes 20 años se integró a la CIA como enlace científico y tecnológico con el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (Ussocom) en Tampa, Florida, estado donde reside. El Comando se encarga grosso modo de misiones encubiertas, contraterrorismo y guerra no convencional “en países o escenarios hostiles a los intereses de la seguridad nacional” de Estados Unidos como podía ser El Salvador de las maras o el México de los cárteles.
Según el político y diplomático Rubén Zamora, exembajador de El Salvador en Washington y en la ONU, Trump escogió a Johnson porque quería un militar que pusiera a raya a las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños y controlara el éxodo de migrantes (https://elfaro.net/es/202012/columnas/25088/Los-retos-de-la-corta-carrera-de-Johnson).
Las maras surgieron en Los Ángeles, en los barrios de refugiados expulsados por la guerra y comenzaron a vivir de la extorsión mediante actos de violencia brutal. Deportados finalmente de California regresaron a El Salvador y se extendieron a Guatemala y Honduras como un reflejo de los problemas nunca resueltos en el área. El Departamento del Tesoro estadounidense las considera una organización criminal trasnacional y, antes de que Bukele-Johnson aplicaran la férrea estrategia de seguridad llegaron a sumar 70 mil miembros en un país de 6.5 millones de habitantes.
“Mis prioridades son las mismas que las del presidente Bukele, es el momento de un cambio para más seguridad y más prosperidad”, dijo Johnson al arribar a El Salvador en 2019, buscando cómo conciliar con el mandatario de 38 años, igual de pragmático que él. De ascendencia árabe palestina, el político y rico empresario Bukele llegó al poder en junio de 2019 con su flamante partido Nuevas Ideas, de corte neoliberal, luego de haber sido alcalde de su municipio, Nuevo Cuscatlán (La Libertad) y de San Salvador en alianza con un FMLN ya desarmado por los acuerdos de paz de 1992, que lo expulsó de sus filas en 2017.
Dice El Faro que Johnson se convirtió en amigo y compadre de Bukele hasta ser una figura “casi omnipresente en ruedas de prensa, sesiones de trabajo y actividades privadas”, como ir a comer langosta o salir a pescar.
En 2020 y 2021, El Faro documentó que Bukele sí había negociado con la cúpula de las pandillas, pese a que prometió que no habría acuerdos como los impulsados por sus antecesores desde 2012.
Con base en informes de la Fiscalía salvadoreña y testimonios del sistema de prisiones, el diario reveló que funcionarios de Bukele ingresaron a las cárceles en las que estaban detenidos jefes de las pandillas para ofrecerles beneficios, a cambio de que ordenaran a sus bases detener la violencia, hoy reducida drásticamente por el llamado Plan Control Territorial (PCT), iniciado en junio de 2019, tres meses antes de que llegara Johnson.
El Plan acaba de entrar en la Fase 5 (de siete) llamada Extracción para “cercar y ‘extraer’ de sus comunidades, a través de un fuerte despliegue militar y policial, hasta el último criminal que quede en el país”, asegura Bukele.
Las fases previas fueron: Control Territorial, Oportunidades, Modernización e Incursión y han sido defendidas por el mandatario y el grueso de la ciudadanía, complacida con los resultados, pese a las múltiples denuncias internacionales por violación de derechos humanos como es el caso de la megacárcel del valle de Tecoluca, la más grande de América. Construida por una empresa mexicana a las afueras de la capital, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) mantiene recluidos a 40 mil presos en condiciones infrahumanas en el marco del régimen de excepción que rige desde hace dos años.