El papa Francisco pide paz ante un enero que viene caliente

El papa Francisco dio su tradicional mensaje Urbi et Orbi (“A la ciudad y al mundo”) y la bendición de Navidad el miércoles 25 desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro y reiteró su llamado al diálogo y la paz en las zonas laceradas por conflictos bélicos como Ucrania, Myanmar y el Cuerno de África. “Que callen las armas en Medio Oriente, con los ojos fijos en la cuna de Belén”, añadió el papa, con el pensamiento puesto en las comunidades cristianas de Líbano, Siria, Israel y Palestina, en particular en Gaza, “donde la situación humanitaria es gravísima”, dijo. Instó a entregar ayuda allí, así como a lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes capturados por Hamás en su ataque contra Israel hace más de 14 meses, lo que desató la nueva espiral de guerra en esa área.

También llamó a la verdad y la justicia en el continente americano, que como el resto del mundo se alista para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y pidió armonía social en Haití, asolado por pandillas criminales cada vez más bárbaras, así como en Colombia, Venezuela y Nicaragua. 

En Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrenta un desplome de hasta 60% en sus niveles de aceptación, con un liderazgo errático y varios escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios de su gabinete y a miembros de su familia. Petro comienza el año con un déficit fiscal récord, el más alto en 20 años, y poco avance en las cinco prioridades de su agenda: pobreza, reforma agraria, educación, política industrial y transición energética. 

En Venezuela, el 10 de enero está prevista la reinstalación en el gobierno de Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031, no obstante el denunciado fraude en los comicios del 28 de julio. Maduro ha reiterado que el líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España, será detenido si pone un pie en el país, si bien el excandidato electoral, que habría logrado más del 67% de votos, insiste en que volverá a Caracas para asumir la Presidencia.

“Esperamos que ese día (el 10) marque el comienzo de una nueva era, una era democrática, en Venezuela”, confió González Urrutia, de 75 años, desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, al recibir el 17 de diciembre el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024, la más alta distinción de la Unión Europea sobre derechos humanos. También lo recibió la líder opositora María Corina Machado, quien está clandestina en su país por las amenazas del régimen. Pretende inútilmente que el gobierno acepte una “transición negociada”, cuando el 90% de sus colaboradores están presos, el último Luis Tarbay, coordinador internacional de su partido Vente Venezuela.

México y Colombia, pese a no haber reconocido a Maduro como presidente electo y de haber intentado mediar sin éxito entre el régimen y la oposición, confirmaron que enviarán representantes a su investidura, al menos a nivel de embajadores. Se espera lo mismo de Brasil. 

A partir del mismo 10 de enero en Nicaragua, cuando el Parlamento dominado por el gobernante Frente Sandinista reabra sus sesiones, se prevé la aprobación definitiva de una reforma profunda a la Constitución, con enmiendas a más de 100 artículos, la cual legalizará el poder absoluto del presidente Daniel Ortega (79 años, con 16 años consecutivos en el poder) y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que ahora serán “copresidentes” y “coordinarán” todos los demás poderes del Estado.

La polémica reforma viola 29 derechos humanos y todas las libertades públicas, según organismos humanitarios, además de que refuerzan un sistema dinástico y represivo que desde la rebelión social de 2018 desató una feroz persecución de figuras políticas, estudiantes, religiosos y periodistas, forzando a emigrar a casi un millón de nicaragüenses, el 16% de la población, por razones políticas y económicas.

En Estados Unidos, para el 20 de enero está programada la investidura de Trump en la fachada oeste del Capitolio como el 47avo presidente del país, que ha prometido actuar “de inmediato” en temas urgentes como la inmigración, la economía, la guerra en Ucrania y en contra de las iniciativas mundiales para frenar el cambio climático. 

Trump anunció que realizará la mayor deportación masiva de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos, no importando los retos logísticos y legales. Según cifras oficiales, hay 11 millones de indocumentados en ese país, lo que implicaría expulsar cada día (¿hacia dónde?) a siete mil 333 personas en los siguientes cuatro años (mil 500 días). En el caso de los mexicanos, se estima que hay cuatro millones de sin papeles y echarlos supondría una deportación diaria de dos mil 666 personas.

Tan grave o más que esa amenaza es el aviso de Trump de que va a declarar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, lo que habilita a Washington a intervenir en México en aras de su seguridad nacional, según la ley de Bill Clinton de 1996. A diferencia de México, el magnate de 78 años está decidido a atacar los efectos del narcotráfico y no sus causas (pobreza), lo que haría temer operaciones quirúrgicas como los de Israel en Líbano o Siria, ahora que las guerras en Gaza y Ucrania le han servido al Pentágono para poner a prueba sus nuevas armas “inteligentes”. 

Así, los expertos militares no descartan posibles ataques sorpresa para destruir en cuestión de horas los laboratorios de drogas (fentanilo, cocaína, heroína) en territorio mexicano. Al fin que para Trump siempre será más fácil pedir perdón que pedir permiso.