La urgencia de una política migratoria de tránsito en la CDMX
El proceso electoral estadounidense y las políticas migratorias implementadas en ese contexto, han generado grandes retos y consecuencias para nuestro país. Los flujos migratorios sin precedentes observados los últimos tres meses de 2023, derivaron en una fuerte presión estadounidense para que México dejara de otorgar tarjetas de tránsito humanitario, con la finalidad de reducir los intentos de ingreso a su país. Esto, sumado al hecho de que en el último año el paralelo geográfico para la gestión de la cita del CBP One fue la CDMX y a una evidente incapacidad de la autoridad local para atender y gestionar el fenómeno migratorio, ha dejado como una de las consecuencias más visibles una serie de campamentos migrantes en la capital del país y el descontento de las comunidades que radican en estos espacios.
A pesar de los principios humanitarios de hospitalidad e interculturalidad contemplados en la Constitución de la CDMX —que suponen un trato digno y oportuno—, no se ha logrado el diseño y la puesta en marcha de una política migratoria integral que cumpla con la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana. Por el contrario, el creciente número de asentamientos en la CDMX ha creado una situación compleja para autoridades y ciudadanos.
Actualmente existen al menos cinco campamentos migrantes en diversos puntos de la ciudad, entre ellos plaza de la Soledad, la colonia Vallejo, la parroquia de la Santa Cruz, la Central Camionera del Norte y pueblo San Pablo. Sitios en los que las personas no cuentan con el acceso a servicios básicos como un baño, agua, o un techo, entre otros. Llegan a ser aglomeraciones de entre 200 y 400 personas instaladas en casas de campaña, bajo cartones o techumbres improvisadas. Cocinan en fogones o con pequeñas parrillas, y hacen sus necesidades en la calle, apenas resguardados de la vista de vecinos y transeúntes. Hasta el momento ninguna autoridad parece haber tomado seriamente la gestión de estos campamentos, que se renuevan con el flujo constante de personas en movilidad que llegan y se van.
Ante la ausencia de un modelo adecuado para el tránsito migratorio, muchas personas en movilidad están a merced de abusos por parte de locales que los emplean por la mitad del salario que pagan a mexicanos, así como de algunos migrantes que aprovechan la ausencia de autoridad y les rentan los espacios que se van desocupando en los campamentos callejeros, dificultando aún más su travesía. La precariedad de estos sitios no conoce el interés superior de la niñez, pues cientos de niños y niñas viven ahí, privadas de los servicios mencionados y sin contar con las condiciones adecuadas para su estancia y desarrollo. La única intervención visible del gobierno, en algunos de estos espacios, ha sido el desalojo.
Genera expectativas la llegada de la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada. Las acciones que la respaldan como alcaldesa de Iztapalapa en la protección y dignificación de los sectores menos favorecidos, proyectan un mejor horizonte para los migrantes que transitan por la CDMX y para los vecinos cuya calidad de vida se ve trastocada por los asentamientos irregulares.
Urge poner en marcha un modelo realista para una gestión inteligente del fenómeno migratorio; que considere la inclusión productiva, educativa, social y cultural de la comunidad migrante que busca quedarse en la CDMX, así como aquella que permanece meses, o incluso más de un año en ella en su tránsito a EU.
Un modelo que considere la coordinación entre Hacienda, bancos y el sector privado, podría generar condiciones que les permitan emplearse de manera temporal para lograr círculos virtuosos con las comunidades de acogida. La temporalidad de su estancia en la CDMX no debe ser un elemento que condicione el goce de los derechos de las personas en movilidad.