Del ‘Comandante Borolas’ a ‘El narco es pueblo’

Si bien a Vicente Fox y a Felipe Calderón les debemos, al primero el vacío y debilitamiento del poder del Estado y al segundo la sangrienta guerra que acabó con la tranquilidad de los mexicanos, a Enrique Peña Nieto se le reclama el agravamiento de la violencia homicida y la corrupción que expandió a todo el territorio la atomización y diversificación de cárteles de drogas, huachicoleo, extorsión y control territorial; ahora a Andrés Manuel López Obrador ya se le puede y se le debe reclamar la inacción que mantiene contra el crimen organizado y a una estrategia federal errática y confusa que no deja claro si el gobierno federal persigue, negocia o tolera a los criminales.

Este fin de semana esa inacción y la fallida estrategia federal contra la delincuencia se observaron nuevamente en Michoacán, tanto en la extraña muerte de un coronel comandante de caballería del Ejército mexicano, Víctor Maldonado Celis, baleado en circunstancias aún no aclaradas en Ziracuaretiro, como en los hechos indignantes registrados en un video que se difundió en las redes sociales, donde se ve a un grupo de hombres de Los Reyes Michoacán agredir, ofender y humillar a soldados que son bajados de dos camionetas militares, arrinconados y sometidos en la carretera Zitácuaro-Los Reyes.

Y si a esos dos casos, se suma lo ocurrido el viernes en Nuevo Laredo, donde emboscaron y mataron al policía estatal Raúl M. e hirieron a otros agentes locales, crece la percepción de un Estado que parece inerte y débil frente al despliegue cada vez más sangriento y armado de los cárteles del narcotráfico.

Para colmo, después del apodo de “Comandante Borolas” que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pusiera a su antecesor en el cargo, Felipe Calderón, porque “el saco militar le quedaba grande”, ahora también en las redes circula un video que genera duros cuestionamientos al valor y a la política de seguridad del actual mandatario, pues en ella se escucha decir al jefe del Ejecutivo que no mandará al Ejército a una población para actuar contra los criminales que “también son pueblo”.

“No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho, manden al Ejército inmediatamente, no tenemos armas”, le dicen pobladores hombres y mujeres desesperados a López Obrador durante un trayecto de una gira.

“El Ejército no se usa para reprimir al pueblo”, les contesta el presidente a bordo de su camioneta.

“¡Carajo! ¿el narco es pueblo?”, le pregunta un hombre indignado.

“Sí es pueblo, todos son seres humanos”, le dice enérgico el titular del Ejecutivo federal.

Si esa es la visión y la lógica que mueve a López Obrador y a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en su estrategia contra el crimen, entonces se puede entender por qué a 10 meses de iniciado este gobierno no sólo se han incrementado los homicidios violentos sino también que a pesar de que la Guardia Nacional lleva casi dos meses de que comenzó a ser desplegada no hay una disminución real ni perceptible de la violencia.

Si tomamos la palabra al presidente, que dijo que ya no va a culpar de todo “a los gobiernos anteriores”, tendríamos que exigir que López Obrador y su gabinete de seguridad demuestren si tienen las agallas y la capacidad para enfrentar a un crimen cada vez más organizado, armado y sanguinario.

Y, sobre todo, si saben o no saben cómo hacerlo, más allá del discurso de que “violencia no se combate con más violencia” ¿Cómo los van a combatir si tampoco están aplicando la inteligencia o el desmantelamiento de sus finanzas?

Está bien que AMLO y su Cuarta Transformación quieran cambiar el combate al narcotráfico y al crimen, pero ese cambio hoy no se ve ni se siente. 

Lo que sí se ve, y se empieza a generalizar, es la percepción de un Estado, y por ende un presidente, débil ante criminales y que confunde “represión” con su obligación primaria y apremiante, de dar seguridad a los mexicanos y pacificar al país, como prometió en campaña.