¿Dónde está Lozoya? Y qué es, ¿acusado o testigo colaborador?

La llegada de Emilio Lozoya este viernes por la madrugada a territorio mexicano fue, contra toda la expectativa que se había generado, confusa, opaca y contradictoria. Ni una sola imagen del corrupto exdirector de Pemex que fue bajado del avión con el rostro cubierto, una extraña revisión médica de más de dos horas que le halló padecimientos y enfermedades que nunca fueron detectadas ni reportadas por el Gobierno de España y su Audiencia Nacional, y un subrepticio traslado a un hospital no identificado que incluyó un burdo engaño con un señuelo a los reporteros y medios de comunicación que esperaron horas su llegada con el único fin de informar a la sociedad y mostrarle al público mexicano una imagen que nunca llegó porque no lo permitió la Fiscalía General de la República: la de Lozoya detenido, sometido y pisando la cárcel como el presunto delincuente que nos dijeron que era.

Muy lejos de eso, la actitud errática y la falta total de transparencia de la FGR manchó de inicio un caso que, el mismo fiscal Alejandro Gertz primero y luego el presidente López Obrador, vendieron como paradigmático y como un gran golpe contra la corrupción en el gobierno de la 4T. Y no es que no vaya a serlo, pero el que se le haya dado tanta protección, consideraciones y privilegios a uno de los personajes más conspicuos de la corrupción del sexenio de Peña Nieto, deja un mal sabor de boca y contradice completamente la idea que sembraron en el imaginario colectivo de que al soberbio y petulante exdirector de Pemex, el mismo que saqueó a la empresa petrolera nacional con millonarios fraudes simulados y compras inservibles y que vendía cada cita en su oficina hasta en 1 millón de pesos, lo traían para ser juzgado por algunos, solo algunos de los delitos que cometió como funcionario público.

Todo lo que vimos este viernes, protección de su imagen, evitarle pisar la cárcel, hacer privadas y cerradas sus audiencias y hasta permitirle llegar a un hospital en lugar de ser internado en el Reclusorio, no sólo confirma la muy buena negociación que hizo con la Fiscalía General y por la que pagó 4 millones de euros al despacho del juez Baltazar Garzón para que negociara en su nombre, sino que también apunta claramente a que Lozoya Austin no fue extraditado a México en calidad de acusado o de presunto culpable de delitos, sino que más bien lo trajeron en calidad de "Testigo colaborador" una figura contemplada en la ley y que según la Ley Federal para la Protección de Personas que Participan en el Proceso Penal (Artículos 2, 15 y 16) otorga una serie de beneficios, incluidos la protección federal y la dispensa de un proceso judicial, a aquella persona o acusado "que acceda voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba, conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos".

Si eso fue lo que aceptó la FGR en sus acuerdos privados con Lozoya y en esa calidad lo trajeron desde España, sería necesario que lo dijeran y lo transparentaran porque al final se trata de una figura legal y justificada que explicaría el trato preferencial y cuidado que le han dado al exdirector de Pemex, de lo contrario, si no hay pronto una aclaración oficial, se presta a todo tipo de suspicacias e interpretaciones sobre los privilegios que se le otorgan a alguien que, en principio se dijo, era un acusado de corrupción.

De hecho los tres delitos por los que se solicitó la extradición del exfuncionario: cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa no ameritan, ninguno de ellos, prisión preventiva oficiosa, y muy seguramente fueron también negociados en el trato que hicieron con la defensa de Lozoya, de tal modo que el peñista podría no pisar la cárcel, ni a su llegada ni en ningún momento, ya sea porque el juez le otorga el derecho de seguir su proceso en libertad con el pago de una fianza (a menos que considere que hay riesgo de fuga, como se la aplicaron a Rosario Robles) o de plano porque, si lo trajeron como "testigo colaborador", tendría derecho a no ser detenido por contar con protección federal e incluso, podría rendir un único testimonio, que no sabemos si ya lo hizo en privado, y a no necesitar ni siquiera ir a un juzgado para realizarlo, sino que el juez se lo tome en su domicilio.

Si ese va a ser el trato que recibirá, bien haría la FGR en decirlo y transparentarlo. Porque eso supone una situación completamente distinta para el exfuncionario, además de que también confirmaría que la información y los medios de prueba que ya habría entregado Lozoya (grabaciones, acusaciones y testimonios directos en contra de otros sujetos) tienen tal nivel de sustento y veracidad que la Fiscalía podría iniciar muy pronto investigaciones contra otros personajes encumbrados del sexenio pasado, lo mismo exsecretarios de Estado como Luis Videgaray Caso y algunos otros como los congresistas, diputados y senadores, a los que Emilio dice haber entregado sobornos y favores a cambio de apoyos a las reformas peñistas.

Más de un año le llevó al fiscal Alejandro Gertz Manero presionar y amedrentar a Emilio Lozoya y a su familia sin tener éxito en la captura del exfuncionario; acusó incluso a su madre, Hilda Austin, una adulta mayor de más de 70 años, a la que detuvo, a su esposa y a su hermana, sin obtener resultados y por el contrario sólo endureció al exdirector de Pemex que se le había fugado. Pero no fue sino hasta que su exabogado y amigo, Javier Coello Trejo, dejó de representar a Lozoya y que éste contrató en España los servicios del despacho Indocal, del juez Baltazar Garzón, cuando, por instrucciones directas del presidente López Obrador, que le reclamó su falta de resultados en el caso, Gertz Manero aceptó negociar un acuerdo que, hasta lo que hemos visto, fue muy benéfico y protector para Lozoya, aunque falta ver qué tan bueno y productivo resulta para la Fiscalía y, sobre todo para la justicia mexicana.

A menos que, más que un afán de justicia y de castigar la corrupción del peñismo y sus aliados políticos, lo que vaya a hacer la FGR y el fiscal Gertz sea prestarse a un juego político y mediático en el que veamos cómo se va dosificando y utilizando de manera selectiva el arsenal de nombres, señalamientos y acusaciones, que estará dando Emilio Lozoya en su testimonio y expedientes, con fines políticos o electorales y en beneficio de la 4T. Esa sería una mancha peor para la naciente Fiscalía General de la República.

Nueva demanda contra Ancira

Y mientras Lozoya ya está en México con todos los beneficios que le otorga la FGR, el otro implicado en el caso de la venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, Alonso Ancira, sigue resistiéndose a la extradición mientras libra un juicio en libertad en España. Al empresario dueño de Altos Hornos de México, se le ha visto disfrutando de la libertad condicional que compró con su fianza de 1 millón de euros a la justicia española, luego de permanecer varios meses preso en una cárcel de Palma de Mallorca.

Pero el gusto le podría durar poco al empresario amigo cercano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y exsocio de Lozoya Austin en varios negocios. Con la decisión de vender finalmente a la acerera Altos Hornos, que amenazaba con quebrar si no se vendía, han aflorado una serie de adeudos millonarios que Alonso Ancira tenía con el gobierno de México, desde falta de pago de impuestos, hasta deudas de cientos de millones de pesos a la CFE y adeudos también millonarios a la Comisión Nacional del Agua por el vital líquido que usaban sus plantas y que no pagaba AHMSA.

En total la cuenta de adeudos que tienen en el gobierno federal son de 1,500 millones de pesos que debería Ancira a distintas entidades públicas y con base en esas deudas e incumplimientos que configuran ya delitos, en la consejería Jurídica de la Presidencia de la República preparan una nueva denuncia en contra del empresario que sería adicional a las que le formularon en el proceso de extradición actualmente en curso en España.

Mientras tanto la venta de AHMSA está avanzando y la compañía acerera asentada en Monclova, Coahuila, quedará en manos del empresario regiomontano Julio Villarreal, dueño del Grupo Villacero y del Banco Afirme, quién ya está cerrando la operación de compraventa dirigida por el gobierno federal como una forma de rescatar a una compañía vital para la economía de toda una región del norte del país.

Así que, por aquello de las dudas, y si la extradición de Alonso Ancira se complica y el empresario peñista y salinista termina por ganar el juicio que tiene lugar en España, el gobierno de la 4T ya prepara una nueva denuncia en su contra con la que eventualmente volverían a intentar extraditarlo por acusaciones distintas a las actuales…

Los dados mandan Serpiente Doble. Semana cardiaca.