Expresidentes ¿al banquillo?

Sin especificar de qué tipo de delitos podría acusarse a los expresidentes, y aunque él se reitera partidario del “punto final” y de no empantanar a su gobierno con asuntos judiciales, López Obrador revivió su propuesta de campaña y de su toma de posesión, para someter a una consulta popular, con base en el artículo 35 constitucional, la posibilidad de que por primera vez en la historia del país se pudiera acusar y someter a juicio a extitulares del Poder Ejecutivo federal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante sus sexenios.

“Todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro: no es que no lo sabía el señor presidente o que ‘el presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’; mentira, el presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”, sentenció ayer el presidente al adelantar que ya presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para permitir la realización de una consulta a la población sobre un posible juicio a los cinco expresidente mencionados.

Aunque política y jurídicamente el planteamiento de López Obrador resultaría inédito y sentaría un precedente en la inmunidad e impunidad que hasta ahora ha rodeado a los presidentes de México, el tema tendría que revisarse no sólo desde la óptica de la opinión popular, que indudablemente resultaría abrumadora a favor de llevar al banquillo de los acusados a los expresidentes, algo que es una demanda histórica e insatisfecha de la sociedad mexicana.

Desde el punto de vista del derecho, para poder acusar a los expresidentes primero tendrían que cumplirse los requisitos de procedibilidad, que existan denuncias o querellas presentadas y por qué tipo de conductas delictivas cometidas durante sus gobiernos se les podría denunciar y procesar, para saber si éstas no prescribieron o están vigentes de acuerdo de acuerdo a la ley.

En teoría, a los expresidentes podría acusárseles por delitos cometidos por los servidores públicos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones o facultades, desaparición forzada, tortura, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, entre otros que contempla el capítulo de la ley respectiva.

Hasta antes de reformas recientes a las leyes y códigos penales, prácticamente todos esos delitos prescribían, salvo el caso de la tortura, la desaparición forzada y el secuestro que actualmente no prescriben después de las reformas mencionadas.

El problema es que la ley no puede aplicarse retroactivamente y, suponiendo que a Salinas, Zedillo y quizás Fox, se les quisiera acusar de delitos como esos, si las reformas que establecen nuevos plazos de prescripción fueron después de su gobierno, no podrían aplicarles esa ley, porque el artículo 14 constitucional impide la aplicación retroactiva de la ley a cualquier ciudadano.

El Código Penal Federal (CPF) señala que transcurrido el plazo de prescripción de los delitos, la responsabilidad penal del sujeto, así sea un expresidente, se extingue, y los plazos de prescripción de la acción penal, según el mismo Código, se establecen conforme al tipo del delito y tienen que ver con el día que se cometió la conducta ilegal o la omisión.

Finalmente el artículo 105 del CPF establece que “la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que se señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor a tres años”.

Es decir, que según lo que establecen los códigos penales y las leyes, salvo al expresidente Enrique Peña Nieto, que dejó su encargo hace un mes y medio, al resto de los exmandatarios mencionados por AMLO, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, difícilmente se les podría acusar y procesar judicialmente.

A menos que en la consulta se proponga un “juicio popular” y ahí sí las acusaciones serían al gusto del pueblo: que sienten a Carlos Salinas de Gortari por favorecer a sus amigos en las privatizaciones de su sexenio y por la corrupción documentada de su hermano Raúl y hasta por el uso discrecional de la partida secreta; a Zedillo que lo acusen del “error de diciembre” y la filtración de información que permitió la fuga de capitales y nos sumió en la peor crisis económica y de paso por el Fobaproa y por haber vendido los trenes y las vías a los que luego serían sus patrones en Union Pacific.

Y ya entrados en gastos a Fox que lo acusen de permitir el “chiquihuitazo” a Ricardo Salinas, por la corrupción de Martita Sahagún y por su omisión histórica de no desmantelar el régimen priista más lo que se acumule; mientras a Calderón indiscutiblemente podrían enjuiciarlo por sumir al país en la peor violencia durante su sexenio con una estrategia fallida contra el narcotráfico y de paso investigar acusaciones de que favoreció al Cártel de Sinaloa y protegió al Mayo Zambada, además de la inefable y costosa Estela de Luz y la corrupción en los festejos del Bicentenario.

Ya con Peña, la cosa cambia y ahí sí hay conductas y acusaciones que, por tiempo, podrían derivar en presuntos delitos, desde la Casa Blanca y su tráfico de influencias, hasta las omisiones y desvíos de la investigación de Ayotzinapa, por no mencionar posibles acusaciones de enriquecimiento y, por supuesto, el tema que revive la propuesta de López Obrador: el enorme crecimiento del huachicoleo y sus ganancias multimillonarias en su sexenio.