¿Seade le mintió al Senado?
Si el subsecretario Jesús Seade y el gobierno del presidente López Obrador creen que una simple carta del señor Robert Lighthizer vale más que una futura Ley del Usmca aprobada por las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, entonces es claro por qué la administración de Donald Trump hizo lo que quiso a la hora de redactar su ley para instrumentar el acuerdo comercial con México y Canadá.
La “disculpa” del representante comercial de Estados Unidos y su promesa de que los cinco nuevos agregados laborales que mandarán de Washington a vigilar y monitorear el cumplimiento de la Reforma Laboral no tendrán “facultades de inspección” en territorio mexicano, no quita el hecho de que la Casa Blanca haya actuado de manera unilateral al decidir añadir, por encima de los mecanismos de seguimiento y solución de conflictos en materia laboral (paneles de expertos) un mecanismo más de vigilancia y monitoreo al gobierno de México y del cumplimiento de las leyes en nuestro país.
Porque aunque esos agregados no actúen aquí, sí se van a encargar de mandar información y reportar información de las empresas y del gobierno mexicano a dos instancias que sí están mencionadas en la redacción del T-MEC y que tienen facultades para iniciar demandas y quejas en contra de empresas mexicanas: por un lado el Comité de Interagencias en Materia Laboral y por el otro lado el Consejo Independiente de Expertos Laborales, en el que tienen participación miembros del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de EU.
Y esos dos organismos sí están facultados para pedir investigaciones y sanciones en contra de empresas de nacionales que violen la ley laboral o los derechos sindicales y lo harían a partir de la información que manden esos funcionarios de la Embajada de EU en México.
¿Entonces son o no inspectores sin nombramiento esos “agregados laborales”? Si Seade no supo realmente de la introducción de esos “agregados laborales” en la iniciativa de Lighthizer, entonces pecó de inepto o de confiado.
Porque el jueves pasado, en su comparecencia ante el Senado, incluso los senadores de oposición le preguntaron sobre esa figura, mencionada por la priista Claudia Ruiz Massieu y él se dijo “sorprendido” porque la había leído en un comunicado oficial estadounidense.
Una y otra vez, el negociador único en el que tanto confió el presidente López Obrador les reiteró a los senadores que “no había una negociación paralela” y que “bajo ningún motivo se aceptó” la figura de los inspectores. Una de dos: o de verdad Seade no se enteró, lo cual pondría en duda su capacidad, o supo y le mintió a los senadores, que hoy están tan enojados con él que ayer la bancada del PAN pedía su renuncia al cargo.
“Ellos llegaron aquí (al Senado) diciendo que habían logrado evitarlo y que ahora serían paneles. Y días después sale la iniciativa de ley en USA insistiendo en el tema de la inspección ahora con agregados laborales. No es creíble o bien son incapaces-ingenuos que les vieron la cara o le mintieron abiertamente al Senado”, comentó ayer el senador Damián Zepeda, quien dijo que su partido volverá a pedir una comparecencia del subsecretario Seade para que rinda cuentas bajo protesta de decir verdad, no con declaraciones a la prensa.
Por lo pronto, ni el propio presidente López Obrador aceptó la figura de los “agregados laborales” que hoy Lighthizer jura que es inofensiva.
La molestia ayer en Palacio Nacional por el descuido de su negociador era real y ya había voces que incluso se pronunciaban por “medidas equitativas” dentro de las prácticas de diplomacia.
“Si Washington enviará a cinco agregados laborales, México podría enviar también a su embajada en Estados Unidos igual número de agregados laborales mexicanos con el mismo argumento de que ‘apoyamos el T-MEC’ y son parte de nuestras leyes internas”.
¿Se atrevería el gobierno mexicano a responder así y tendría algún efecto real?
Por lo pronto, ayer en el Senado, tanto en la bancada oficial de Morena, como en las de oposición, defendían su “voto de buena fe”, pero cuestionaban si no se actuó con excesiva premura al pedirle (casi obligar) a los senadores que aprobaran en “fast track” el “Adendo” al T-MEC porque querían mandar una señal de certidumbre a los mercados y presionar a los Congresos de EU y Canadá que de cualquier manera siguen actuando sin prisa y se van hasta finales de enero o principios de febrero para ratificar el nuevo acuerdo comercial.
Algunos senadores, que no son pocos, sienten que si a Seade se lo chamaqueó en Washington el “amigou” Lighthizer, a ellos se los chamaqueó el subsecretario en su propia casa
NOTAS INDISCRETAS…
En el caso de los funcionarios de Pemex que fueron acusados de participar en la Estafa Maestra, han pasado muchas cosas muy extrañas y contradictorias entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
El tema se remonta a enero del 2019, cuando el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera, a pregunta expresa de un reportero, que pediría una investigación contra dos nombramientos hechos por Octavio Romero Oropeza en Pemex, el director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada, el subdirector Operativo y Comercial, Héctor Salvador Salgado y el gerente de Operación y Control Financiero, Luis Galván Arcos, señalados por haber firmado 25 contratos con Universidades Públicas que simularon la prestación de servicios.
De inmediato la Función Pública inicio una investigación y el 31 de enero, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, informó que por instrucciones presidenciales los tres funcionarios mencionados habían sido despedidos y eran investigados.
Un día después el propio presidente ofreció que los 3 funcionarios serían reinstalados en caso de resultar inocentes porque “tampoco se trata de juicios sumarios, tiene que haber pruebas y no se puede afectar la dignidad de las personas”.
Dos meses después, el 10 de abril, Pemex notificó a Miguel Ángel Lozada de su suspensión temporal para dar paso a las investigaciones en su contra por probables actos de corrupción.
Las investigaciones se desarrollaron y el 26 de junio de este año fue el mismo presidente López Obrador quien informó que la Fiscalía General de la República no halló responsable de acusaciones de corrupción en su contra a Lozada:
“Tengo la información de que la FGR hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución, y cuando ya la tenga, se las paso”.
Hasta ahí las cosas parecían claras y se esperaba la pronta reinstalación del director de Pemex Exploración, pero en este mes de diciembre, el asunto dio un giro extraño, pues la Función Pública mandó una solicitud a la FGR para que le reconozca la “calidad de víctima u ofendida” en la carpeta de investigación en la que exonera a Miguel Ángel Lozada de la Estafa Maestra y de la cual el propio Presidente había dado cuenta públicamente, esto porque desde marzo del 2019, la FGR notificó a la SFP el no ejercicio de la acción penal a favor de Lozada al no existir elementos que lo ameriten.
Ante tal resolución la SFP se amparó pero dicho amparo le fue negado y se sobreseyó el recurso.
Ante esto, la SFP presentó nuevamente un recurso de revisión con la intención de que en la segunda instancia le resulte favorable; sin embargo lo más probable es que el colegiado confirmase la resolución y el recurso iba en quedar sin materia y por tanto en firme la resolución definitiva sobre la exoneración de Miguel Ángel Losada y su supuesta participación en actos de corrupción.
Frente a este escenario, y en un afán de no aceptar una derrota, el 11 de diciembre pasado Función Pública falló por la destitución e inhabilitación por 10 años el proceso administrativo contra Losada como Director General de Pemex Exploración y Producción:
“La sanción se deriva de las acciones que, desde principios de año, fueron informadas por la propia Irma Eréndira en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la Estafa Maestra”, dijo en un comunicado oficial.
El funcionario fue notificado el fin de semana de la resolución, cuyo efecto implica, que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando”.
Y ahí es donde el asunto ya no se entiende
¿Cómo es que la SFP destituye y sanciona a Miguel Ángel Lozada como servidor público posterior a la resolución de la FGR y previo a la resolución judicial definitiva e inapelable que exonera y decide el no ejercicio de la acción penal en su contra por la supuesta participación en la llamada Estafa Maestra?
Mintió entonces el presidente López Obrador cuando públicamente anunció la exoneración y dijo que solo se esperaba el sobreseimiento administrativo de la propia SFP?
Evidentemente Lozada impugnará la resolución mediante recurso de revocación o un juicio de nulidad y el Amparo por afectación de sus derechos laborales y es muy posible que lo reinstale en su puesto de trabajo del funcionario y le tengan que pagar sus salarios durante el tiempo que estuvo separado de su encargo, pero queda la duda si ¿el presidente sabrá que, por encima de su palabra empeñada públicamente, su secretaria Sandoval se empeña en hacer los “juicios sumarios” que no le gustan a su jefe?...
Los dados mandan Serpiente.
Caída libre.