En medio de la tormenta, hoy amplían al Ejército hasta 2028
Justo cuando llueven filtraciones de documentos militares comprometedores y polémicos, que golpean la imagen del Ejército y de sus altos mandos por excesos, violaciones, torturas y espionaje cometidos por la institución castrense, hoy el Senado aprobaría el dictamen que modifica el artículo 5to. Transitorio de la Constitución para alargar la presencia de los militares en la seguridad civil hasta el año 2028 y lo haría con una mayoría calificada en la que se incluirían votos de al menos 11 senadores de la oposición, principalmente del PRI y el PRD.
Anoche, mientras seguían saliendo revelaciones de las acciones ocultas y secretas del Ejército, como la idea de crear su propia aerolínea comercial operada por personal militar y utilizando el avión presidencial, en el Senado se negociaba a todo vapor para lograr los últimos cambios al nuevo dictamen que contiene ya las propuestas de la oposición y en el que se incluyen controles de vigilancia y fiscalización al Ejército desde el Congreso y una partida presupuestal para fortalecer a las policías civiles municipales y estatales a partir del 2024. La nueva redacción ya había sido avalada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y por los altos mandos militares a los que consultó el líder morenista Ricardo Monreal y solo se estaban afinando los números para garantizar la mayoría constitucional de dos terceras partes para aprobar este martes la reforma obradorista.
Paradójicamente la oposición, sobre todo de la bancada del PRI, cedió ante los cambios realizados al dictamen, justo en el momento en que la Secretaría de la Defensa Nacional está literalmente bajo fuego mediático y de la opinión pública, tras revelarse apenas una primera parte de los seis terabytes de información interna y confidencial, principalmente correos electrónicos, videos, fotografías e informes que le fueron extraídos por el grupo de hacktivistas "Las Guacamayas" que sigue distribuyendo los cables y expedientes militares a diversos medios de comunicación que están difundiendo la información que en algunos casos deja muy mal parado al Ejército y al gobierno de López Obrador.
Así, mientras al menos ocho senadores del PRI y los 3 del PRD (el PAN se retiró de la mesa de negociación y MC hasta anoche no iba) ya habían confirmado anoche su voto a favor del nuevo dictamen de reforma constitucional, con lo cual Morena y sus aliados del PVEM y el PT alcanzarían la cifra mágica de los 86 votos para aprobar la reforma por mayoría calificada y darles cuatro años más a los militares en las calles, ayer seguía fluyendo la información secreta del Ejército en diversos medios y portales.
A las revelaciones de que el Ejército compró en 2019 una versión actualizada del software malicioso "Pegasus" para espiar a periodistas y activistas sociales, se sumaba la denuncia de los primeros tres espiados Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, Ricardo Raphael y Daniel Moreno, periodistas, quienes anunciaban que interpondrían una demanda legal en la Fiscalía General de la República en contra del Ejército y del gobierno de López Obrador por el delito de espionaje telefónico, pues a los tres se les comprobó, a través de peritajes realizados por Quinto Elemento Lab, que sus teléfonos celulares fueron infectados de manera remota con el citado software adquirido por la Secretaría de la Defensa a una filial del grupo israelí NSO Group, que es el mismo que le vendió al gobierno de Enrique Peña Nieto una versión anterior de ese sistema de espionaje.
El domingo pasado también el diario español El País documentó, a partir de los cables militares, una serie de abusos sexuales y violaciones cometidos en contra de mujeres del Ejército mexicano por parte de sus superiores jerárquicos, quienes además de violentarlas las amedrentaron, acosaron y amenazaron para que no denunciaran los ultrajes. A eso se suman los documentos donde se mencionó la orden que dio el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, para que personal del Ejército le bordara toallas con sus iniciales y las de su esposa para su uso personal o la compra de boletos para un concierto de Gloria Trevi que el general pagó con el presupuesto de la Defensa.
A eso se suman los correos también publicados ayer que hablan de las labores de "espionaje y seguimiento" que realiza el Ejército a opositores del actual gobierno, entre ellos Gilberto Lozano y a otros integrantes del FRENA, al EZLN en Chiapas por su oposición al Tren Maya, y a movimientos sociales como el Centro Pro de Derechos Humanos, al que califican como "grupo de presión", además de 15 colectivos feministas a los que el gobierno equipara, en sus correos, con grupos "guerrilleros, anarquistas y subversivos". También se habla de "seguimientos" a médicos, consultores políticos, abogados, policías y a otros militares de alto rango, como generales.
Es decir, que todos esos correos y documentos secretos que están saliendo y que saldrán todavía muchos más, no solo desmienten completamente al presidente López Obrador, que ha mentido en varias ocasiones al asegurar que su gobierno "ya no espía a opositores ni a políticos o periodistas, porque eso es cosa del pasado", sino que además confirma que el Ejército mexicano, junto con el CNI o antiguo Cisen, que también comanda otro general retirado, Audomaro Zapata, volvieron a ser los espías políticos del gobierno de la 4T y junto con todo el poder civil y presupuesto que han adquirido de este gobierno, también está la información, el espionaje y la intromisión en la vida de líderes opositores, periodistas, activistas y cualquier otro ciudadano que el régimen identifique como "crítico".
Ese Ejército, cuyas inconsistencias, excesos, ilegalidades y secretos oscuros apenas empiezan a aflorar, en una dependencia que históricamente se ha caracterizado por la opacidad y la nula rendición de cuentas como es Sedena, es el mismo al que hoy, en el Senado, le regalarán cuatro años más para que siga a cargo de la seguridad civil de los mexicanos, aun cuando su presencia en las calles y en esa labor vital en los últimos 16 años (seis de Calderón, otros seis de Peña Nieto y cuatro de AMLO) no haya logrado reducir ni la violencia del crimen organizado ni los asesinatos dolosos, ni las desapariciones y mucho menos los feminicidios de las mexicanas y mexicanos. Y aun así, en medio de la tormenta, avanza la militarización de la vida civil de este país.