Un gobierno que no dialoga y además viola la ley
Al cancelar el diálogo que hoy tendría con los ambientalistas, espeleólogos, activistas y actores y actrices que se sumaron al movimiento #SelvameDelTren, con el pretexto de que "algunos de ellos expresaron públicamente que no asistirían", el presidente López Obrador y su gobierno están reconociendo tácitamente que ese grupo tiene la razón en cuanto a las denuncias de ecocidio y violaciones a la ley que se están cometiendo en la construcción del tramo 5 del Tren Maya por una sencilla razón: no existen los estudios de impacto ambiental que soporten y apoyen la decisión de talar la selva y poner en riesgo al milenario sistema de acuíferos subterráneos de la península de Yucatán.
Una fuente directa de la Semarnat confirmó a esta columna que no se ha levantado un estudio del impacto que tendrá en el ecosistema y en el medio ambiente los más de 100 kilómetros de superficie selvática que está siendo talada para instalar las vías que conducirán el tren prioritario para este gobierno. Ni la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que es la directamente encargada por la ley, ni la delegación de Semarnat en Quintana Roo, han realizado ni levantado ningún estudio de impacto ambiental sobre el Tramo 5, ni tampoco la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha exigido la presentación de ese estudio, porque la instrucción directa del presidente de talar la selva ha hecho callar a la inexistente secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.
Incluso, la fuente consultada reconoció que no sólo no se ha elaborado el estudio de impacto ambiental del nuevo tramo, sino que además, ya en el nuevo trazo por la selva, que decidió directamente el presidente con el Ejército, también le han hecho varios cambios al primer trazo, por lo que ninguna área de la Semarnat ha estado en el campo de las obras para supervisar el trabajo de los militares.
¿Cómo es que el presidente puede dar una orden autoritaria al Ejército y éste obedecer y empezar a talar selva sin cumplir con un requisito obligatorio que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 28?
Es muy probable que en esta grave violación de la ley del presidente, con el silencio cómplice de su secretaria de Medio Ambiente y de la indolente titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza, intente ser subsanado de inmediato y que aparezca, de la nada, un estudio de impacto ambiental que obligarán a firmar a funcionarios de segundo nivel para eludir posibles responsabilidades penales; pero lo que es un hecho es que el presidente de este país violó la ley con la ayuda del Ejército mexicano, al haber iniciado un desmonte y tala de árboles sin tener los estudios de impacto ambiental.
Esa y no el anuncio de Eugenio Derbez de que no asistiría a la reunión de hoy en Palacio Nacional, debe ser la verdadera razón por la que López Obrador decidió cancelar el diálogo.
Tal vez el mandatario pueda negarse a dialogar con los especialistas que lo acusan de cometer un ecocidio, tal vez pueda seguir haciendo que los soldados se conviertan en asesinos ambientales por órdenes de su comandante supremo; pero lo que no podrá eludir López Obrador, con todo su poder y autoritarismo, es ser señalado y acusado por violentar la ley y, sobre todo, el pasar a la historia como uno más de los muchos presidentes que en la historia de México vendieron, por intereses económicos o políticos, las riquezas naturales y el medio ambiente único de este país.
Nadie le quitará al tabasqueño la responsabilidad histórica de haber afectado un patrimonio ambiental único y extraordinario, justo cuando el mundo está avanzando hacia su autodestrucción por el cambio climático. Cuando no haya agua, vida y naturaleza, ¿de qué le va a servir su trenecito al emperador?