Una fiesta, una grabación y una llamada
Aquella cálida tarde del 18 de mayo de 2019, en el venue de Jajalpa, nadie de los encumbrados invitados del abogado Juan Collado, que celebraba la boda de su hija, se imaginó que aquella fiesta sería el principio del fin para muchos de los que estuvieron presentes.
Fue una reunión de la élite del poder del sexenio pasado en la que, en torno a la figura del abogado que los defendía a muchos de ellos, se reunieron expresidentes, ministros de la Corte, líderes sindicales, gobernadores, congresistas, juristas y toda una pléyade de poderosos que ignoraban el efecto político que aquella reunión tendría para muchos de ellos.
Porque al calor de los brindis y la celebración, cantando canciones de Julio Iglesias, nadie se percató de que había invitados que se dedicaron a grabar no solo la fiesta, sino algunas de las conversaciones sobre temas políticos que se escuchaban en aquella lujosa olla de grillos.
Y no faltaron los que, sintiéndose en confianza, se sinceraron y comenzaron a despotricar sobre el nuevo gobierno, el presidente y su llamada “Cuarta Transformación”.
Hubo desde críticas lapidarias y comentarios soeces, hasta burlas a la nueva clase gobernante del país y a su líder, todas en voz de algunos personajes del pasado gobierno, pero también de otros que aún ocupan posiciones importantes en la vida pública.
No pasó mucho de aquel sábado para que algunas de las grabaciones de la fiesta de Juan Collado llegaran hasta el Palacio Nacional y fueran escuchadas con atención en los despachos del poder presidencial.
Algunos de los videos incluso se filtraron a la prensa el mismo lunes 20 de mayo y comenzaron a volverse virales en las redes sociales.
Las reacciones políticas y mediáticas no se hicieron esperar.
El grupo reunido en aquella boda fue identificado por la gente como la “Mafia del poder” y los comentarios de cómo muchos de ellos celebraban tan campantes, mientras el presidente López Obrador decía que estaba “acabando con la corrupción y con los corruptos”, calaron fuerte en el gobierno que comenzó también a reaccionar no sólo a aquel encuentro, sino a lo que ahí se dijo en privado, pero sobre todo al mensaje que, a querer o no, mandó la vieja élite, desplazada del poder, a los nuevos gobernantes.
La llamada a Peña
Muchas cosas se activaron después de aquella fiesta.
Una de ellas, un mensaje personal del presidente López Obrador a su antecesor Enrique Peña Nieto, con quien hasta ese momento el actual mandatario había sido más que cuidadoso, al grado de que evitaba siempre mencionarlo cuando hablaba de temas de corrupción del gobierno pasado, lo que alentaba versiones de un presunto “pacto de impunidad” con el expresidente.
A través de una llamada telefónica que salió de una oficina jurídica del Palacio Nacional, el importante mensajero transmitió fiel y comedidamente el mensaje a Peña:
“El Presidente le pide, de la forma más atenta y respetuosa, que cuide su perfil, que lo baje y no se exponga”.
Pero la respuesta del mexiquense, lejos de corresponder a la cortesía política, fue seca y cortante:
“¿O sea que para no molestar al Presidente yo tengo que abandonar mi vida social? Pues dígale al Presidente que tomo nota”.
Y colgó.
No se sabe si Peña Nieto realmente tomó nota, pero lo que sí es evidente —por su comportamiento posterior y sus constantes apariciones en imágenes y actividades en público con su nueva pareja sentimental— es que no tomó muy en serio el consejo que le mandó el Presidente a través de un mensajero de todas sus confianzas.
Quizás el expresidente fue el único de los asistentes de aquella fiesta al que le corrieron la atención de hacerle una cortés llamada.
Porque a otros, empezando por el anfitrión Juan Collado, los avisos le llegaron con formas mucho más rudas: primero de una investigación a sus cuentas bancarias y a sus negocios financieros, que lo llevó incluso a salir del país por el temor a ser detenido, y casi dos meses después de la lujosa boda de su hija, en forma de una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que desde el 10 de julio pasado lo tienen preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, junto con algunos de sus socios detenidos el pasado 9 de septiembre en San Luis Potosí.
Otra de las asistentes a esa fiesta fue Rosario Robles, a quien el 29 de julio le activaron también un citatorio para que declarara sobre el expediente judicial, abierto desde el sexenio pasado, por los desvíos millonarios de la llamada “Estafa Maestra” en Sedesol y Sedatu.
A pesar de que ella se presentó a declarar voluntariamente una semana después, el 8 de agosto, en su segunda audiencia en la que le informarían de su vinculación a proceso por el delito de omisión que no ameritaba prisión preventiva, el 13 de agosto el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, decidió consignarla penalmente y ordenó en su contra la prisión preventiva, a petición de la Fiscalía General de la República, en el Penal Femenil de Santa Martha, donde se encuentra recluida desde entonces y en la que amenazan con sumarle nuevas acusaciones.
Al ministro Eduardo Medina Mora, que fue uno de los tres ministros de la Corte que asistieron a la fiesta de Collado —junto con el expresidente Juan María Aguilar y el ministro Jorge Pardo Rebolledo— le documentaron semanas después de aquel evento, transferencias millonarias a cuentas del Reino Unido y de los Estados Unidos, en una investigación que fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que corroboró que “recibimos información del gobierno de Estados Unidos” sobre los movimientos financieros del ministro, además de que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, también confirmó la existencia de una investigación en contra de Medina Mora a petición del Senado de la República.
Muchos otros de los asistentes a aquella boda han tenido que bajar el perfil para no hacer mucho ruido.
A otros, como a Peña Nieto, les mandan constantemente mensajes en las investigaciones por corrupción en su sexenio, donde su nombre aparece referido y señalado.
¿A cuántos más de los que departían alegremente aquella tarde de mayo y hablaban de más, veremos involucrados en investigaciones, acusaciones o incluso órdenes de aprehensión?
Notas indiscretas…
A raíz de un video que circuló en redes sociales, donde él mismo anuncia que a partir de enero próximo, comenzarán “las elecciones por voto directo y secreto en los comités seccionales de todo el país”, el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, aclaró que él no se va de la Secretaría General del Sindicato y que lo que se va a elegir el próximo año son sólo los secretarios de los 60 comités seccionales, comenzando por 26 secciones que acudirán a votar entre enero y marzo de 2020.
En el caso de su cargo de secretario general, Cepeda aclara que no habrá todavía proceso de elección, pues él fue electo para el cargo en 2018 y su gestión dura hasta el 2024.
Entre las secciones no se sabe aún si lo harán por voto directo y secreto, tal como mandata la nueva ley laboral, porque hay resistencias de la coordinadora a abrir sus procesos a una votación directa, con el argumento de que sus líderes ya fueron electos en “asambleas democráticas”.
Por lo que respecta al SNTE se espera que en el lapso del siguiente año, todas las secciones afiliadas convoquen a comicios internos de dirigentes y lo hagan con el mecanismo de voto libre, directo y secreto que los mandata la ley.
Eso sí, reiteró el maestro Cepeda Salas, para la elección de un nuevo dirigente nacional del sindicato magisterial “aún falta” y él seguirá al frente del magisterio.
Al menos hasta que no haya otra señal…
Algo raro pasa en la ya casi extinta Policía Federal que se estará quedando sin policías, pero lo que no se acaba es la corrupción.
Al menos es lo que señalan dos proveedores que habían ganado una licitación de la PF en marzo pasado para abastecerla de neumáticos, tras haber presentado la mejor propuesta.
Pero extrañamente la Dirección General de Recursos Materiales comandada por Raúl Alejandro González Delgado, por medio de la Dirección de Adquisiciones a cargo de Luis Martín Rosas Navarrete, pretenden ahora anularles a la mala la licitación ganada, cuando ya estaban a punto de firmar el contrato.
El argumento para cancelar una licitación ya resuelta legalmente, es que los proveedores adjudicados “nunca se presentaron a firmar el contrato respectivo”, cuando en realidad a ambos proveedores les negaron el acceso, con todo la intención de declarar su supuesta ausencia y favorecer a quien perdió la licitación otorgándole el contrato que no ganó legalmente.
Parece que la escoba de la corrupción no ha llegado a esa área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a juzgar por la actitud de estos funcionarios del área de adquisiciones, que por cierto uno de ellos, y el encargado del despacho del Órgano de Control, vienen desde Pemex, y al parecer no se enteraron que el combate a la corrupción es una prioridad del presidente López Obrador.
Ahora los empresarios afectados intentan acudir a la mañanera a presentarle su caso al presidente…
Los dados mandan Escalera doble.
Semana redonda.