Antorchistas advierten que si el gobierno no se compromete, denunciarán a nivel regional
HERMOSILLO, SON.- Durante 14 días, el Movimiento Antorchista en Sonora ha mantenido un plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, para exigir que se cumplan los acuerdos que el gobierno estatal ha dejado inconclusos.
Bernardino Domínguez, dirigente estatal de la organización, dijo que desde el 21 de octubre se encuentran a las afueras del Palacio de Gobierno, sobre la plaza Zaragoza, donde han levantado un campamento improvisado mientras reciben respuesta sobre sus peticiones hechas a las autoridades.
Agregó que durante varios años han quedado pendientes diversas demandas, como la terminación de la segunda etapa de la Casa del Estudiante Sonorense, pagar seis quincenas a docentes que no han recibido su sueldo, otorgar paquetes de materiales de vivienda, despensas para familias vulnerables, claves de centro de trabajo, predios para preparatorias, entre otras.
“Hemos tenido varias mesas de trabajo en la Subsecretaría de Concertación Social, hemos llegado a elaborar una pre minuta de acuerdos, es decir, una pre minuta que contiene los puntos donde ellos se comprometen a resolver estas demandas, estas peticiones, pues estamos a la espera de la firma de esta minuta en el transcurso de la semana”, comentó.
Mientras tanto, Bernardino Domínguez señaló que han logrado mantener el plantón gracias a la aportación de integrantes del movimiento, así como de vecinos y simpatizantes, de aproximadamente 70 colonias de la capital sonorense.
“En el caso del sur, Arcoiris, Las Peredas, Nueva Esperanza, Piedra Bola, Tres Reinas; en el oriente, El Tronconal, La Victoria, Café Combate, El Ranchito, Las Amapolas, Coloso Alto y Bajo, El Mariachi, 5 de Mayo, La Metalera; en el norte, Solidaridad, La Antorcha, Humberto, El Guayacán, Puerta del Real, etcétera”, puntualizó.
Advirtió que si para el día jueves el gobierno estatal no se compromete con el cumplimiento de estas demandas, realizarán un volanteo a nivel regional, con apoyo de Baja California y Sinaloa, en diferentes puntos estratégicos para denunciar la falta de interés del gobierno estatal por solucionar sus demandas.