Avanza en comisiones desaparición de organismos autónomos

Debate sobre la propuesta de desaparición de organismos autónomos en México
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. (Agencia Reforma / EXPRESO)

En medio de un intenso debate en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México, surge una propuesta que busca la desaparición de varios órganos autónomos clave, generando controversia y preocupación en diversos sectores de la sociedad.

Los legisladores emitieron 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

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¿Qué implicaciones tiene esta iniciativa respaldada por el Gobierno Federal? ¿Se logrará una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos o se corre el riesgo de centralizar el poder y eliminar la división de poderes en el país?

La propuesta en cuestión plantea la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el objetivo de transferir sus funciones a dependencias federales. Se argumenta que esta medida podría generar ahorros significativos, los cuales serían destinados a programas sociales como las Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.

  • Defensores de la iniciativa, como la diputada Lidia García, sostienen que la eliminación de entes autónomos redundantes permitirá una mayor eficiencia en la administración de recursos públicos, criticando a la oposición por proteger intereses particulares.
  • -Por otro lado, opositores como Santiago Torreblanca expresan su preocupación por el posible debilitamiento de contrapesos y la centralización del poder, advirtiendo sobre los riesgos para la división de poderes en el país.

Reforma constitucional y garantías laborales

La propuesta también incluye una reforma al artículo 134 de la Constitución para evitar la creación de nuevos entes públicos con funciones duplicadas, con el fin de modernizar la administración pública. Se asegura que los derechos laborales de los empleados de los entes eliminados serán respetados, y que los ahorros generados se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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