SAT usará Inteligencia Artificial para fiscalizar y combatir evasión fiscal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la implementación de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar los procesos de fiscalización, combatir la evasión fiscal y fortalecer la atención al contribuyente en el año 2024. La medida tiene como objetivo mantener la recaudación histórica alcanzada en 2023, que ascendió a 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o al aumento de los existentes.
Según el Plan Maestro 2024 del SAT, se utilizarán modelos de analítica de grafos y machine learning (aprendizaje automático) para clasificar a los contribuyentes de riesgo, identificar redes complejas de elusión y evasión fiscal, así como detectar inconsistencias en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) relacionadas con el contrabando y empresas fachada.
El enfoque principal estará en sectores estratégicos como automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros, construcción, farmacéutico, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros y servicios financieros, así como en el transporte.
Adicionalmente, se fortalecerá la fiscalización en esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia, se revisarán plataformas tecnológicas, de comercio y cobros electrónicos. Se prestará especial atención a las operaciones de comercio exterior y se llevarán a cabo operativos para combatir el contrabando y verificar el cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos.
Atención al contribuyente
El SAT se compromete a mejorar la eficiencia en los más de 35 trámites presenciales, atendiendo las solicitudes de citas en un plazo máximo de 10 días hábiles. Además, se abrirán nuevas oficinas de atención en los cinco estados con mayor demanda de servicios, sumándose a las 157 ya existentes en el país.
El plan también contempla el refuerzo del programa de Oficina Móvil en las 32 entidades del país, con el objetivo de acercar los servicios a lugares de difícil acceso. Se brindará atención prioritaria a migrantes, refugiados, personas de la tercera edad, pueblos originarios, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. En materia jurídica, se propone un aumento en la presencia ante los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio en defensa del interés fiscal.