México cierra su Embajada en Quito
Este domingo ha sido clausurada indefinidamente la Embajada de México en Ecuador tras la ruptura de relaciones anunciada por México después de que efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas irrumpieran en la sede diplomática para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien México había concedido asilo político.
"Agradecida por el acompañamiento de embajador@s de Alemania, Panamá, Cuba, Hondruas y el presidente de la Cámara Ecuador-México (Luis Alberto Chiriboga). Nuestro personal diplomático deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras asalto a nuestra Embajada. Gracias amigos y aliados x su solidaridad", ha publicado en X, antes Twitter, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena.
Previamente, México había informado de la salida de 18 trabajadores de la Embajada a través del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Al aeropuerto han acudido otros representantes diplomáticos como los de Chile o Perú para despedirlos, según fuentes diplomáticas citadas por El Universal.
Riesgo de fuga
La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, alegó el "riesgo de fuga" de Glas como justificación de la invasión en la Embajada mexicana. Glas se encuentra ya ingresado en una prisión de máxima seguridad de Guayaquil.
El que fuera presidente de Ecuador durante el mandato de Glas, Rafael Correa, ha respondido a Sommerfeld. "Canciller: ¿no le da vergüenza? ¿Se da cuenta de lo absurdo de su mentira? Inmediatamente después de recibir el asilo, ¿por qué Glas querría entonces 'fugar'?", ha apuntado Correa en su cuenta en X.
"Por si acaso, para que se ilustre un poquito: ni el supuesto 'riesgo de fuga' es argumento para la salvajada que han hecho, y que ha puesto al Ecuador como el país de la barbarie", ha añadido el líder histórico del partido Revolución Ciudadana. "Más temprano que tarde tendrá que responder por tanta infamia y deshonra nacional", ha advertido.
La irrupción en la Embajada ha sido condenada por la mayoría de países americanos, tanto por gobiernos afines a México, como Nicaragua, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil o Chile, como por Estados Unidos, Argentina o Perú.