Decretan Mando Único Policial en tres municipios más
Tras un "notable incremento en el índice delictivo" en tres municipios de Sonora, expresado en delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad y hallazgo de cuerpos con signo de violencia en fosas, el gobierno estatal determinó reforzar la seguridad a través de un nuevo Mando Único Policial, de tal forma que ya son cuatro las regiones del estado que operan bajo dicha lógica.
La medida, que entró en vigor este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, responde a un oficio que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública envió al ejecutivo del estado el pasado 21 de septiembre, mismo que refiere una "tendencia al alza en la perpetración de actos delictivos de alto impacto" en Sonoyta, Benito Juárez y Huatabampo. Las instituciones de estos municipios, se observa, se encuentran debilitadas.
"El secretario de seguridad pública del Estado tiene a bien informarme que dicha dependencia identifica una debilidad institucional y sistemática en las corporaciones de seguridad pública de esos municipios, frente a la presencia operativa de grupos de delincuencia organizada en la región estatal y en sus límites no solo con la entidad federativa vecina de Baja California, por su privilegiada ubicación geográfica colindante con los Estados Unidos de Norteamérica, sino en el sur del Estado", establece el documento oficial.
Buscan restaurar el orden
Es así que, para "restaurar el orden", a partir de este lunes las corporaciones de seguridad de los municipios en cuestión deberán acatar órdenes del Mando Único Policial, que descansa en el ejecutivo en primer lugar, y que en el caso de San Luis Río Colorado fue delegado al titular de la SSP.
Esto, sin embargo, "no implica en modo alguno que las instituciones municipales pasen a formar parte del ámbito estatal, por lo que conservan su estatos de pertenencia y subordinación originaria al ente municipal", precisa el decreto.
El caso de San Luis Río Colorado, donde una medida equivalente entró en vigor al cierre de julio pasado, ha dejado resultados positivos, según informes tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, como la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Han destacado su efectividad en repetidas ocasiones al informar de una baja en la incidencia delictiva e intensificar operaciones para el aseguramiento de armas, drogas, equipo táctico y máquinas tragamonedas.