Derrame en el Río Sonora: un hospital abandonado

En un elefante blanco se convirtió el Hospital de Especialidades que Grupo México se comprometió a construir como parte de la reparación de daños a los afectados por el derrame suscitado el 6 de agosto de 2014, obra para la cual se destinaron 279 millones de pesos para su construcción, con un costo de operación de 6 millones mensuales por un periodo de 15 años.

El que originalmente fue planeado como centro de atención para las personas afectadas en su salud se encuentra aún en obra negra, en total abandono, vandalizado, lleno de maleza y con desechos fecales. Las cisternas fueron arrumbadas en el patio trasero.

En su interior predomina el olor fétido, pues ahí se encuentran animales muertos, las paredes de tablaroca están destruidas, hay mucha basura y restos de ropa por todos lados; el lugar se ha convertido, también, en guarida de personas indigentes.

A casi ocho años del suceso, calificado como el "ecocidio más grande en la historia de la minería en México", el nosocomio que tenía como objetivo atender a las 25 mil personas que viven en los pueblos asentados en el cauce del Río Sonora está sin operar. Cientos de ellos tuvieron afectaciones de salud por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre.

Y hoy, el Hospital de Especialidades se encuentra en total abandono, desmantelado y en miras de las autoridades municipales de Ures para convertirlo en una extensión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH).

Martha Patricia Velarde Ortega, miembro activo del Comité de Cuenca del Río Sonora, dijo en exclusiva a EXPRESO, que en noviembre de 2019 las autoridades estatales intentaron que el recinto prefabricado y en obra negra fuera dado en comodato a la Guardia Nacional para establecer un cuartel de la corporación policiaca en el lugar, a lo cual se opusieron los miembros de los comités.

"Nosotros nos opusimos, alzamos la voz y le expusimos el caso al Presidente de la República, y fue por eso que dieron marcha atrás; y él dijo que ya no se haría el cuartel en ese lugar", indicó.

Desde entonces, los afectados han estado en un constante pleito legal con los involucrados en el derrame, para que cumplan con lo establecido en el Fideicomiso firmado el 15 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México, por parte de Xavier García de Quevedo Topete, como apoderado legal de Buenavista del Cobre y Operadoras de Minas e Instalaciones Mineras S.A de C.V.; Julián Bernal e Iturriaga, delegado fiduciario de Nacional Financiera SNC, IBD; y Rodolfo Lacy Tamayo, entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

2. Segundo Round

Ante las inconsistencias en el cumplimiento del mencionado Fideicomiso, así como la intención de cancelarlo, los afectados interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el número de expediente 640/2019, para que obligaran a Buenavista del Cobre a cumplir con lo pactado.

Los Magistrados dieron el fallo a favor de los comités de Cuenca y comenzó de nuevo el viacrucis de los trámites para que las obras de reparación del daño sean retomadas, entre las que se encuentran: la culminación de la construcción y operación del Hospital de Especialidades como se pactó originalmente.

El presidente municipal de Ures, José Manuel Valenzuela Salcido, dijo al periodista Alfredo de la Mora que, como parte de las estrategias de Gobierno, pretende que la UTH utilice las instalaciones del CBTA para que imparta 3 de las 12 carreras que ofrece y atender una comunidad estudiantil de 50 jóvenes, esto como primera opción.

En caso de no ser factible, como plan B, planea pedir las instalaciones del nosocomio abandonado en comodato para convertirlo en plantel educativo.

"Si por algún motivo el CBTA no pueda acoger a los estu- diantes, como plan B estamos pensando proponerle a Grupo México o al Gobierno del Estado nos preste las instalaciones para hacer la Universidad Tecnológica", declaró el edil.

Al respecto, Martha Patricia Velarde Ortega, integrante del Comité de Cuenca del Río Sonora, indicó que la noticia no fue bien recibida y ya han manifestaron su desagrado.

"Nos oponemos rotundamente porque la salud y la vida de los afectados no es negociable. Después del fallo a nuestro favor de la Suprema Corte para que se retome las acciones de reparación de los daños por parte de la mina, vamos a exigir sigan con la construcción del hospital como está pactado en el Fideicomiso", sentenció.

En el documento presentado por Buenavista del Cobre se detalla que una de las acciones a realizarse como parte de la reparación de daños es la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), misma que se encargaría de dar seguimiento y atención a quienes hubieran resultado afectados en su salud debido al derrame.

Originalmente, fueron contabilizados 381 casos de personas afectadas, aunque para los habitantes de los siete municipios involucrados siguen apareciendo más casos de gente con restos de metales pesados en sus organismos.

La obra de Uveas comenzó a finales de 2014 y principios de 2015, y fue la encargada de recopilar los expedientes de las personas afectadas, mismos que hasta la fecha no se han dado a conocer.

Ante esto, los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, en su página oficial, publicaron un documento que a la letra se lee: “exigimos que se esclarezca de inmediato qué pasó con los al menos 381 expedientes de salud que fueron almacenados en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora, y las autoridades dicen no encontrar. No vamos a aceptar la pérdida de expedientes ni avalar la opacidad en el sector público”.

El pasado 5 de julio, el Secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, reveló en rueda de prensa que trabajarán en el Centro Comunitario de Ures para que sea este el lugar donde se atiendan los afectados por el derrame, así como los nuevos casos que se están presentando, ante la falta del nosocomio de especialidades.

Aunque no especificó el monto de la inversión, el funcionario detalló que el presupuesto para realizar la rehabilitación y expansión del centro médico ya se encontraba autorizado, y sólo era cuestión de cumplir con la firma de los acuerdos para que el Gobierno federal hiciera la transferencia de los recursos necesarios para realizar las obras.

"Estuvo aquí el arquitecto Carlos Sánchez, encargado de la unidad de infraestructura de Insabi, y eso ya está autorizado, el presupuesto marcado para remodelación y expansión; vamos a proceder a la firma del convenio específico y sólo tenemos que esperar la transferencia de los recursos", indicó.

En un recorrido realizado por EXPRESO a las instalaciones del Centro Comunitario de Ures se constataron las condiciones precarias con las que operan los consultorios, quirófano y demás áreas del hospital que será reconvertido a clínica del IMSS Bienestar en los próximos meses.

Dentro de los espacios que serán remodelados, se contempla que sean ubicados los especialistas y el equipo necesario para la atención de las personas afectadas por las sustancias tóxicas.

En el recorrido se encontró cableado expuesto, humedad en las paredes, pintura levantada, sarro y moho en tuberías de la lavandería. También se observaron malas conexiones en aires acondicionados, pisos en mal estado, consultorio en obra negra, falta de puertas en las áreas de cuartos, así como falta de personal para la atención de los pacientes, entre otras carencias.

Al exterior, un trabajador retiraba la pintura del cerco, ya que el Ayuntamiento de Ures, en un acuerdo con IMSS Bienestar, se comprometió a restaurarlo y pintarlo.

Empleados del lugar comentaron que, hace un par de semanas, personal del IMSS Bienestar se presentó en la Clínica para realizar un estudio sobre lo necesario para comenzar con las reparaciones al interior, pero no dieron una fecha de inicio ni el monto total del recurso que se invertirá.