Gómez Mont solicita amparo contra reapertura de investigación
CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont presentó un amparo contra el fallo de un juez local que ordenó reabrir una investigación iniciada hace dos años en su contra, por denuncia de su ex esposo Javier Díaz Bravo, relacionada con la disputa por la custodia de sus hijos.
Patricia Marcela Díez Cerda, Juez Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, registró el recurso legal pero le solicitó que aclare quiénes son los apoderados legales que la representan en la demanda, porque ésta sólo tiene la firma de uno de los mencionados con esa calidad.
Una vez que precise esta prevención, la juzgadora le dará trámite al juicio de garantías y solicitará al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) la documentación del caso aquí reclamado.
Según un acuerdo publicado este miércoles por la juez Díez Cerda, la conductora de televisión presentó su amparo contra un juez de control del TSJCDMX que, en una audiencia de impugnación, ordenó reabrir una carpeta de investigación que ya había sido archivada por falta de elementos.
Indagatoria
Dicha indagatoria fue iniciada en 2019 por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por una denuncia de Javier Díaz Bravo, primer marido de Inés Gómez Mont, y está relacionada con la disputa de la custodia de los hijos.
La FGJCDMX en su momento determinó el no ejercicio de la acción penal, pero el denunciante interpuso una impugnación que resolvió a su favor el juez de control del fuero común en una audiencia.
Gómez Mont presentó su amparo contra ese fallo porque ella no fue notificada ni requerida en la audiencia, según datos de allegados al caso.
El mes pasado un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó la aprehensión de Inés Gómez Mont y su actual marido Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La imputación refiere que ex mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) triangularon 2 mil 950 millones de pesos de dos grandes contratos a un total de 6 empresas factureras y algunas de ellas hicieron depósitos a Álvarez Puga y su esposa.