Presentan recurso de inconformidad por el contrato con Clean Leasing en Guaymas
GUAYMAS, SON.- En calidad de ciudadano, el Profesor Oscar Acosta Castro presentó un recurso de inconformidad ante la Secretaría del Ayuntamiento de Guaymas, una semana después de que el cabildo aprobara la firma de un contrato de arrendamiento con la compañía Clean Leasing, la cual proveerá de varios camiones recolectores de basura.
En la sesión extraordinaria que se celebró el 6 de diciembre, la alcaldesa Karla Córdova González propuso a la empresa Clean Leasing como opción única para la renta de unidades, y argumentó que por tratarse de una emergencia sanitaria (declarada por un comité no facultado para ello) el trámite podía hacerse por asignación directa, y el punto se aprobó por unanimidad y sin deliberación o quejas por parte de los ediles.
Según explicó Acosta Castro, se omitieron todos los procedimientos legales para sustentar y motivar el acuerdo, se violó la Ley de Procedimiento Administrativo, así como la Ley de Gobierno y Administración Municipal, misma que en su el artículo 234 faculta al Ayuntamiento para hacer contrataciones de manera directa sin proceso de licitación cuando se trata de emergencias, pero esa emergencia no está acreditada.
“No quedó acreditada porque ninguna de las comisiones de regidores, ni la de salud ni la de servicios públicos, ni la de Hacienda hicieron un análisis, un estudio y un dictamen sobre ese arrendamiento, y si a eso le agregamos que no fundamentaron que era esa la mejor opción de arrendamiento, no se exhibieron más opciones donde quedara aprobado que esa compañía tiene la mejor oferta económica, no está fundamentado y motivado en términos legales”, dijo.
El documento fue recibido por la Secretaría del Ayuntamiento el 13 de diciembre, y esta tiene un término de tres días para fijar si lo admiten o no, y Oscar Acosta advirtió que en caso de que no tuviera respuesta positiva, llevará el recurso a instancias superiores.
Esta es la primera inconformidad que se presenta vía oficio, pero aquel 6 de diciembre, al término de la sesión de cabildo, el comunicador José Juan Ramírez Lizárraga señaló públicamente (en una transmisión en vivo), que consideraba una ilegalidad el acuerdo recién tomado, por la renuencia de las autoridades a seguir los procedimientos legales correspondientes y ampararse en una emergencia sanitaria “sacada de la manga” apenas unos días antes de someter el punto a votación.