Aprueba Congreso de Sonora la desaparición de organismos autónomos
El Pleno del Congreso de Sonora aprobó, por mayoría, las minutas de reformas constitucionales enviadas por el Senado de la República, en materia de prisión preventiva oficiosa y desaparición de siete organismos autónomos.
Durante la sesión, fue sometida a votación la reforma a diversos artículos de la Constitución para desaparecer siete organismos autónomos y adscribir sus funciones a dependencias de la administración pública.
El propósito de la modificación es evitar la duplicación de funciones, costosas estructuras burocráticas y mejorar la organización administrativa del Estado bajo principios de austeridad y eficiencia.
Las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasarán de ahora en adelante a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el caso de la administración pública federal; en materia estatal, a las contralorías de las entidades federativas; al Tribunal de Disciplina Judicial, en el caso del Poder Judicial Federal; al INE, los partidos políticos; al Centro de Conciliación y Registro Laboral, los relacionadas con sindicatos; y al Ejecutivo federal, en el caso de datos personales en posesión de privados.
Las facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) pasarán a la Secretaría de Educación Pública (SEC); el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pasará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Por último, las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pasarán a la Secretaría de Energía (Sener) y las de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pasarán a la Secretaría de Economía.
Prisión preventiva
Por otro lado, el diputado Rubén Refugio González Aguayo dio lectura al documento que, con el objetivo de dotar de mayores facultades a las autoridades judiciales en el combate a la inseguridad, modificó el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos en los que el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa. Entre estos delitos se incluyen la extorsión, el tráfico de fentanilo y actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.
Adicionalmente, durante la sesión, las y los diputados locales turnaron iniciativas a comisiones, emitieron un exhorto a diversos ayuntamientos sobre el nombramiento de cronistas municipales y presentaron diversos posicionamientos.