Herencia maldita de López Obrador

La reforma al Poder Judicial es ya una batea de babas y sale a flote otra pifia: en su convocatoria para la inscripción de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, el Ejecutivo emplazó: “La información y datos de la página podrán ser llenados de manera diferida (…); sin embargo, deberán completar su registro a más tardar a las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2025, de lo contrario, no se considerará su candidatura”.

Peccata minuta: la derrapada se corrigió con una fe de erratas en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre, dejando claro que el plazo vence en el último minuto del próximo domingo.

Lo que mal empieza mal acaba y el inicio del problema que se está padeciendo en los prolegómenos de la demencial elección popular de juzgadores está marcado por la perversidad que entraña la herencia maldita que recibió Claudia Sheinbaum de su mentor y predecesor.

Maligna en sí misma, la reforma fue procesada con tanta prisa que en la Constitución vigente se lee lo mismo que la titularidad de la Suprema Corte la ocupará quien haya obtenido más votos en las urnas y será relevada cada dos años por quien le siga en sufragios y así sucesivamente, que el puesto durará cuatro años y la elección correrá a cargo de los otros ministros del Pleno.

En los tramposos monólogos que la mayoría diputadil presentó como “diálogos”, lo advirtió la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández: reformar lo que sea pero sin prisas y sobre todo poniendo en el centro de interés a las víctimas.

De septiembre a la fecha, la aplastante y antidemocrática sobrerrepresentación del nacionalpopulismo ha palomeado casi medio centenar de modificaciones a la Constitución, pero este recurso lo ve hoy como insuperable dificultad Ricardo Monreal ante la petición del Instituto Nacional Electoral de que se postergue tres meses la elección:

“Para la prórroga es indispensable modificar la Constitución, no es un acuerdo del Senado, no es un acuerdo de la Cámara de Diputados, porque es la Constitución la que define concretamente el día de la elección, primer domingo de junio. La prórroga que plantea el INE es atendible y respetable, pero creo que vamos a salir bien…”.

¿Tan complicado aprobar un triste transitorio?

Nadie está obligado a lo imposible, pero imponen al instituto a organizar la elección. Y lo sorprendente es que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, responde que el organismo hará lo mejor que pueda, que no es otra cosa que instalar “centros de votación”, no casillas electorales, lo cual reducirá considerablemente el interés de los votantes, que tendrán que desplazarse quién sabe hasta dónde para sufragar.

El costo de la elección es otro escollo: el INE calcula gastar algo más de 13 mil millones de pesos, pero a Sheinbaum y a sus mayorías legislativas les parece mucho dinero.

Pues sí: todo lo relacionado con la democracia, como decía un célebre anuncio de whisky, “parece caro. Lo es…”.

¿Y barato?, ya ni el pulque.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com