El asesinato de Yanqui

Dos policías estatales fueron vinculados a proceso por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el 7 de marzo, pero uno más, presuntamente quien disparó contra el joven, se encuentra prófugo. La rápida acción contra ellos fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, probablemente para evitar lo que sucedió con el presidente Enrique Peña Nieto, que por no actuar de inmediato en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, su omisión se convirtió en responsabilidad, culpabilidad y cárcel para varios altos funcionarios de su administración.

El Presidente hizo un rápido control de daños y, hasta ahora, le ha funcionado. Sin embargo, el caso de Yanqui Kothan no está tan claro como lo han presentado las autoridades, por informaciones adicionales que se mantienen reservadas y que a diferencia de los esfuerzos de los voceros de López Obrador para desvincular el asesinato con las protestas de los familiares de los normalistas desaparecidos, los crímenes están vinculados, como aseguran sus abogados.

Maribel Gutiérrez, una meticulosa reportera de El Sur de Acapulco, reveló el 12 de marzo que Yanqui Kothan estuvo en la primera línea de protesta de los familiares de los normalistas el 6 de marzo, cuando fue derribada una puerta del Palacio Nacional. Gutiérrez tuvo acceso a una fotografía que le envió el joven a un familiar, tomada de una transmisión de Radio Fórmula donde encierra a una persona con una chamarra guinda con la capucha cubriéndole la cabeza, una mochila blanca y la cara cubierta con una máscara antigás. La imagen de esa persona está encerrada en un círculo y en el mensajea a su familiar, Yanqui Kothan escribió: “aquí estoy yo”.

Nadie, salvo sus compañeros en ese momento, sabían quién era el encapuchado, pero los servicios de Inteligencia Militar lo ubicaron desde el primer momento como uno de los principales instigadores para derribar la puerta de madera en Palacio Nacional y lo siguieron hasta Tixtla, en las afueras de Chilpancingo, donde se encuentra la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El primer reporte de la policía estatal de Guerrero señalaba que su muerte se había dado en un enfrentamiento con armas de fuego, luego que los agentes le pidieron detener la camioneta en la que viajaba porque había información de que era robada.

Ahí está la primera inconsistencia de la versión oficial. El reporte establecía que la camioneta Nissan NP300 donde se transportaba, la reportó como robada al pasar por el arco del Registro Público Vehicular que lee las matrículas de los vehículos y en segundos, según personas que han trabajado con ese instrumento, cruzan la información con la base de datos de vehículos robados. Sin embargo, la camioneta no traía placa trasera, según se aprecia en las pocas imágenes del vehículo, por lo que esa versión se desmorona.

La primera versión del Gobierno de Guerrero, difundida por López Obrador, fue corregida por el mismo presidente tres días después al afirmar que se había tratado de un asesinato. La forma como fue realizado el crimen deja más dudas que respuestas. El joven de 23 años ingresó a las 21:20 horas al Hospital General en Chilpancingo en estado de coma con “una herida de bordes irregulares de aproximadamente 15 centímetros”, que habían fracturado el cráneo y dejó expuesta masa encefálica; es decir, prácticamente estaba muerto y la adrenalina que le aplicaron no pudo mantenerlo con vida salvo por 20 minutos.

Una persona que vio fotografías del estudiante de frente, dijo que el disparo en la parte alta de la cara era diáfano. Un experto policial agregó que por lo que se aprecia en una fotografía lateral que ha circulado, el disparo fue en la zona superior de la frente y por la altura de la camioneta, debió haber sido realizado por una persona a pie que al disparar de frente casi le voló el cráneo. Por la trayectoria, una hipótesis de trabajo es que se trató de una ejecución. Un peritaje que no sea alterado, permitirá esclarecer este punto.

La fotografía difundida genera más suspicacias. En ella se aprecia a Yanqui Khotan en una posición donde su frente está casi a la altura del volante, lo que a juicio de los expertos, de haber sido un enfrentamiento o un disparo a distancia, quien lo hizo debió haber tenido no sólo buena puntería y adiestramiento, sino suerte. El tiro en sí mismo abre otra alameda de sospechas. Los policías están entrenados para obligar a que un vehículo se detenga y cuando necesitan disparar para que eso suceda, lo hacen a las llantas, nunca a las personas y menos a la cabeza.

Los únicos que disparan cuando esto no sucede, son los militares. En ninguna de las versiones oficiales se ha hablado de presencia militar, pero existe información de que se encontraban en la zona del crimen por el registro de la telefonía. No está claro, por ahora, del papel que jugaron en este trágico episodio, fuera de la unidad militar que siguió a Yanqui Kothan desde Palacio Nacional hasta Tixtla. Tampoco está claro si el joven detectó que lo estaban siguiendo.

El asesinato de Yanqui Kothan, más allá de quién fue el verdadero autor material del crimen, fue una ejecución extrajudicial. No se conocen los peritajes ni tampoco la autopsia que permitan determinar -si no las alteran- cómo fue el asesinato -forma y distancia-, el tipo de arma utilizada, su historia y la trayectoria. Tampoco hubo sanciones penales contra los exsecretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, el general Rolando Solano y Ludwig Marcial Reynoso, por omisión, encubrimiento y falsedad de declaraciones, ni se han dado pormenores de la investigación de la fiscal cesada, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, que anunció daría a conocer.

El crimen se ha logrado mantener en el ámbito estatal, pero hubo una intervención federal que tiene qué dilucidarse, porque en el mejor de los casos la unidad de inteligencia que siguió a Yanqui Kothan tiene los datos precisos de cómo fue el asesinato y, sobre todo, quién realmente lo cometió.

Raymundo Riva Palacio

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