La venganza contra Graue
"La venganza contra Graue", escribe Raymundo Riva Palacio en #EstrictamentePersonal
Durante 35 años Martha Rodríguez fue académica en la UNAM y asesoró unas 500 tesis. Lo hubiera seguido haciendo, pero el 21 de diciembre de 2022 se le cruzó el también académico universitario, Guillermo Sheridan, quien denunció que la maestra había sido la directora de tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte y que la había plagiado. Ahí se abrió una inacabada controversia, que hace unos días tuvo un importante giro judicial. Rodríguez logró en un plazo extrañamente corto una sentencia condenatoria por daño moral contra el entonces rector de la UNAM, Enrique Graue y contra el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en donde estaba adscrita, Fernando Macedo Chagolla, por lo cual tendrán que pagarle 15 millones de pesos cada uno.
La maestra Rodríguez fue despedida de la UNAM en enero de 2023 por “causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales”. La denuncia de Sheridan llevó a que la UNAM investigara el supuesto plagio y encontró suficientes pruebas de que la tesis de la ministra contenía “un alto número de coincidencias” con la tesis de Ulises Báez, presentada un año antes que la de Esquivel, a quien también le había dirigido su tesis. La maestra dijo en aquel momento que se defendería y pelearía contra la institución.
Veinte meses después de advertirlo, el pasado 28 de agosto se presentó en la Oficialía de Partes Común Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México con su demanda por daño moral, alegando que Graue y Macedo Chagolla “obraron ilícitamente y con malicia efectiva al haber realizado públicamente, en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas, falsas, carentes de veracidad e imparcialidad” contra ella, que dañaron su honor y reputación. En octubre y noviembre, respectivamente, los demandados contestaron la demanda y en enero de este año se dio el desahogo de pruebas. La sentencia condenatoria fue el 28 de febrero.
Siete meses duró el proceso. Quienes hemos ido a tribunales por demandas relacionadas con el daño moral, tenemos experiencias diferentes. Las audiencias no son tan expeditas, sino desesperadamente espaciadas. No se agotan los recursos en ese periodo, sino se llevan, incluso, varios años. Esta demanda tiene otros puntos oscuros. El litigio no debió haber sido personalizado, porque tanto Graue como Macedo Chagolla actuaron como representantes universitarios, por lo que la demanda por daño moral tendría que haber sido presentada contra la UNAM. De haberlo hecho se habría litigado en tribunales federales y no, como sucedió, en los tribunales de la Ciudad de México.
La jueza cuarta de lo Civil, Flor de María Hernández Mijangos, que tiene amplia experiencia, no explicó en la sentencia por qué el caso no se envió a tribunales federales y dio por buenas algunas pruebas que entregó la maestra como causantes del daño moral, como el correo electrónico en donde Macedo Chagolla a Rodríguez le notifica el oficio donde le informa, conforme a lo que lo obliga el contrato colectivo de trabajo, que la estaban investigando por el supuesto plagio y le señala las posibles sanciones en caso de que fuera hallada culpable. Aunque institucional, el correo fue entre particulares y no se hizo público. De acuerdo con abogados consultados, no podría haberse establecido daño moral ni malicia efectiva por ser una comunicación privada, cuando por definición el daño moral es, precisamente, de carácter público.
A Graue se le condenó por haber expedido el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los Comités de Ética en la UNAM, que va en la línea de los recursos que interpuso la ministra Esquivel a principio de 2023 y que logró que otra juez en los tribunales capitalinos, ante quien se quejó de irregularidades en esos lineamientos publicados en 2019 -años antes de que estallara el escándalo del plagio-, le concediera una suspensión provisional para que la UNAM no pudiera dar a conocer el resultado de su investigación sobre el supuesto plagio. Este año Esquivel obtuvo el fallo definitivo.
La condena también fue por haber publicado en la Gaceta de la UNAM en enero de 2023 “una serie de calumnias y opiniones sin sustento con respecto a su persona”. A lo que se refiere es a un comunicado donde dio a conocer las acciones tomadas por las autoridades competentes universitarias, luego de que el Comité de Integridad Académica y Científica de Aragón hubiera realizado un “meticuloso cotejo de los textos en cuestión” y concluyera que “existe una copia sustancial” en la tesis de la ministra. Graue señaló que la UNAM no estaba facultada para retirarle la tesis, pero la Facultad en Aragón le rescindió el contrato a su directora de tesis. En ningún párrafo se menciona el nombre de la maestra.
Si los análisis y las revisiones sobre el supuesto plagio así como la decisión de rescindir su relación laboral lo realizaron comités universitarios, la demanda, como se describe líneas arriba, debió haber sido contra la UNAM, fundada en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no contra los funcionarios, con lo que la demanda tendría carácter y competencia federal. Esta sentencia lograda en un tribunal de la Ciudad de México llama la atención por haber sido hecha en las salas de un Poder Judicial que ha fallado sistemáticamente a favor de la ministra Esquivel, arrojando un mensaje ominoso por cuanto a los elementos que usó para juzgarlos.
En este contexto, la sentencia contra Graue y Macedo Chagolla no sorprende. Va en la línea de acción contra el exrector, emprendida en varios niveles para forzarlo a que la UNAM abandonara el caso de la ministra Esquivel, que incluyó campañas públicas de desprestigio e incluso amenazas veladas contra las autoridades universitarias si no lo cerraban. Probablemente apelarán, aunque sus posibilidades jurídicas son escasas, por los tribunales locales donde se litigará y, para cuando llegue a cortes federales, el Poder Judicial ya estará en manos del régimen, que es el que les cobró la factura de atentar contra una de las suyas.
Raymundo Riva Palacio
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