El derecho a la alimentación: agenda pendiente entre población jornalera agrícola en tiempos de pandemia

La crisis sanitaria relacionada con el COVID-19 evidenció nuestra vulnerabilidad ante las enfermedades emergentes y las múltiples desigualdades sociopolíticas. Mostró que el discurso horizontal de las estrategias de prevención fue rebasado por las precarias condiciones de vida de algunas poblaciones, para quienes parar labores y el aislamiento no fue posible, ya que el trabajo cotidiano brinda la posibilidad de cubrir una necesidad básica: comer.

Es la población jornalera agrícola alrededor del mundo uno de los sectores laborales que no pararon durante la pandemia. Su trabajo permitió contar con alimentos en las mesas del mundo, sin que fuera reconocido ni se haya definido una política de prevención y cuidado ante este trabajo esencial. Previo a esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) reconocieron el estado de inseguridad y pobreza alimentaria en la que viven millones de jornaleros agrícolas en el mundo, paradoja indolente de los sistemas de producción y comercialización que los excluye de un derecho humano básico: la alimentación. Esta situación se recrudecerá en los próximos años, según proyecciones de estas organizaciones, afectando la salud de esta población históricamente vulnerada.

En América Latina se registró un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados de bajo costo con alta densidad energética y pobre aporte nutricional entre la población jornalera, lo cual se relaciona con los efectos económicos de este trabajo flexible, precario y temporal. En México, los esfuerzos de las instancias de gobierno por visibilizar a esta población y su labor esencial durante la pandemia resultaron insuficientes y escasos protocolos fueron implementados dentro y fuera de los campos agrícolas. En Sonora, ante la urgente necesidad de trabajar para comer expuso a la población jornalera a medidas de distanciamiento social inexistente, por ejemplo durante los traslados hacia los campos agrícolas o al momento de cobrar “la raya” los viernes o sábados. Así, los protocolos de prevención encuentran en los recovecos de la vida cotidiana las válvulas de salida que muestran sus grietas y puntos de quiebre, relacionados con esa crónica ya contada por aquí y por allá de la precariedad que se vive en los estómagos de las familias jornaleras.

Es la historia de abuelos y abuelas que migraron desde la mitad del siglo pasado y dedicaron su fuerza al cultivo y cosecha de alimentos de primera, perfectos en color, textura y tamaño, tal como los paladares exigentes lo piden. Es la historia naciente de niñas y niños sin documentos y por ende, sin una identidad oficial, que encontraran en el trabajo agrícola, tarde o temprano la posibilidad de comer y sobrevivir en la adversidad, ya que a pesar de lo esencial, necesario y valioso que es el trabajo en el campo, no se traduce en posibilidades de un mejor salario ni en un reconocimiento digno de esta labor. Son historias que rebasan generaciones y se reproducen en la invisibilidad y en la violencia estructural, que posibilitan procesos laborales y económicos violatorios de los derechos y de la dignidad humana en sí misma.

Atender las condiciones de alimentación de la población jornalera es un asunto de derechos humanos y de justicia social. Podemos asirnos políticamente de los primordiales Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030: acabar con la pobreza y hambre cero. Ambos son necesarios en la vida de la población jornalera, pero más allá del discurso oficial, se requiere de voluntad política en distintos niveles de gobierno para hacerlos viables, mediante regulaciones laborales que posibiliten el ejercicio de los derechos laborales y el acceso a servicios de salud, vivienda, educación y alimentación como ejes centrales para una vida digna de la población jornalera.

*Profesora-investigadora en El Colegio de Sonora.