Represión y amenazas contra trabajadores judiciales

Mientras Morena en el Congreso utiliza su aplastante mayoría para modificar la Constitución y blindar sus reformas contra cualquier recurso de impugnación ciudadana o constitucional, los Gobiernos federal y de la Ciudad de México lanzan una campaña de amedrentamiento, amenazas y represión en contra de los trabajadores judiciales a los que amagan con descontarles su sueldo si no levantan el paro y regresan a trabajar, al mismo tiempo que les mandan operativos policiacos para cercarlos y encapsularlos en sus protestas contra la reforma al Poder Judicial.

Primero fue la presidenta Claudia Sheinbaum, la misma que inició su carrera política haciendo un paro en la UNAM, la que sugirió que a los trabajadores del Poder Judicial federal les deberían descontar su salario si no se presentan a trabajar por el paro laboral que mantienen desde hace casi dos meses en rechazo a las reformas judiciales. "Si están en paro, ¿por qué siguen recibiendo salario? Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo su salario si están en paro? Cuando un trabajador o trabajadora se va a paro, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe su salario, entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México", dijo el pasado 21 de octubre la mandataria.

Y como si se tratara de una orden que tenían que cumplir, dos días después, el 23 de octubre el ala morenista del Consejo de la Judicatura, que tiene mayoría de votos en ese órgano, determinó ordenar a los trabajadores judiciales que pusieran fin a su paro de labores y los amenazó con descontarles el salario a todos aquellos que no se presentaran a trabajar a partir del pasado viernes 24. Los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyves y Sergio Javier Molina Martínez hicieron mayoría para obligar a los trabajadores a regresar a sus labores bajo amenaza de descontarles los días que no se presenten a laborar. Fueron los mismos consejeros afines a la 4T que traicionaron al Poder Judicial al entregar las listas de jueces que dio pie a la vergonzosa tómbola de Morena en el Senado para despedir a jueces y magistrados.

Para completar el cuadro de intolerancia de los gobiernos de Morena a las protestas contra la Reforma Judicial, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y su secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ayer mandaron a sus policías antimotines (esos que supuestamente ya no existen, pero que cuando ellos quieren siguen reprimiendo en la capital) a encapsular y aislar a los trabajadores judiciales que protestaban afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se llevaba a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de automovilismo.

Justo en el evento que en algún momento la actual presidente Sheinbaum intentó cancelar cuando era Jefa de Gobierno, porque decía que se trataba de un "evento fifí", la policía capitalina se mostró no sólo intolerante, sino agresiva en contra de jueces y magistrados que acudieron a la protesta y, con un impresionante operativo de policías armados con escudos y toletes comenzaron a empujar y a aislar a los manifestantes para que no molestaran con sus consignas y protestas pacíficas a los asistentes al evento de automovilismo.

La imagen que ayer circuló profusamente en redes sociales, donde se ve a más de 60 antimotines rodear a dos mujeres juezas que protestaban con un megáfono, confirmó que los Gobiernos que se dicen "de izquierda" de Morena, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, ya se olvidaron de que ellas, tanto la doctora Sheinbaum como la Jefa Clara Brugada, vienen justo de la lucha callejera y universitaria, de los paros estudiantiles y las marchas y protestas con las que lo mismo bloqueaban calles, plazas públicas y avenidas, que paralizaban universidades, para exigir sus demandas, pero ahora se han convertido en gobernantes intolerantes, indolentes o represoras contra los trabajadores judiciales o contra madres buscadoras o marchas de mujeres feministas.

Ayer, tanto el Consejo de la Judicatura Federal, en voz de su presidenta, la ministra Norma Piña, como la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito (Jufed) condenaron y reclamaron por las acciones policiacas que empujaron y encapsularon a los trabajadores del Poder Judicial para minimizar su protesta y evitar que fueran escuchados por los asistentes al evento de la Fórmula 1. "(Las juezas) fueron retenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX violentando su libre derecho, en forma pacífica, a la expresión pública", se afirmó en un comunicado de la Judicatura.

La ministra Piña reiteró su disposición al diálogo con los otros poderes, pero rechazó cualquier forma de represión de las autoridades. "El ejercicio de los derechos constitucionales que todas las personas tienen, como lo es la libre manifestación de ideas, constituye uno de los pilares para preservar la convivencia y la paz social".

Mientras tanto la Jufed exigió a las autoridades federales y locales a respetar el derecho a la libre manifestación de sus integrantes y de activistas y rechazó lo ocurrido afuera del Gran Premio de México. "Utilizar la violencia institucional en contra de dos juezas que, conjuntamente con personal jurisdiccional se expresaban pacíficamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la defensa de los derechos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación afectados por la reforma judicial, refleja el incremento de la Intolerancia gubernamental, lo que contradice los principios democráticos que dice enarbolar", denunciaron.

Así que mientras en el Congreso los morenistas, de la mano de sus autoritarios e intolerantes lideres como Adán Augusto López y Ricardo Monreal se endurecen cada vez más y modifican la Constitución en aras de una supuesta "supremacía" con la que quieren blindar a su partido y a sus gobernantes que ningún otro Poder, especialmente el Judicial, ni ningún otro mexicano pueda impugnarlas o denunciar abusos de poder o violaciones de derechos humanos en sus reformas constitucionales, en el Gobierno la presidenta Sheinbaum, la Jefa de Gobierno y los gobernadores morenistas adoptan cada vez un rostro más autoritario e intolerante contra todo aquel o aquellos que disientan de sus acciones, decretos o políticas.

Y no se cansan de decir que ellos no son "autoritarios" y hasta se burlan sarcásticamente cuando alguien habla de "amenazas a la democracia" o peligros de dictadura, pero en los hechos, cada paso que están dando, cada acción concertada entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es donde ellos tienen mayoría, no apunta en ninguna otra dirección que no sea en la de la consolidación de un poder absoluto, una dictadura de las mayorías en la que, se dice de palabra que se respeta el derecho a disentir, pero en los hechos le están cerrando las puertas, los derechos y los mecanismos constitucionales a todos los ciudadanos que no piensen como ellos ni avalen o alaben a sus políticas públicas y a sus reformas... Los dados abren con una Doble Serpiente. La semana se viene complicada.