¿Quién investigará la danza de millones?

En las circunstancias en que fue dada a conocer, resulta evidente que la lista de 36 periodistas que recibieron sumas considerables por concepto de publicidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, llevaba el objetivo de enlodar y desacreditar a los mencionados comunicadores.

En primer lugar la lista no es nueva ni tampoco está completa, es por demás probable que muchos más periodistas y medios de comunicación recibieron pagos publicitarios en el periodo del 2013 al 2018.

En segundo lugar el documento fue “filtrado” y revelado por un medio informativo —en este caso el periódico Reforma— sin mayor preámbulo ni explicación alguna.

Es alarmante y preocupante que un reducido grupo de comunicadores haya recibido más de mil millones de pesos durante el sexenio anterior, sin embargo no conocemos al momento el concepto y detalles de las facturas pagadas.

Vale mencionar que el pasado mes de febrero se reveló un informe sobre los pagos de publicidad que recibieron los medios de comunicación del país y que ascendió a la friolera cantidad de 52 mil millones de pesos.

Siete medios de comunicación —Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Fórmula, El Universal, Organización Editorial Mexicana (El Sol de México) y Grupo Milenio—, facturaron el 47.6% del total de ese dinero público.

Todavía más, las cadenas Televisa y Azteca recibieron cerca de 15 mil millones de pesos que convertidos a dólares andarían sobre los mil millones de billetes verdes. ¿Se imaginan lo que podría lograrse en educación o salud con tales sumas?

Grupo Televisa, encabezado por Emilio Azcárraga, recibió en el régimen de Peña Nieto 9,070 millones de pesos lo que representa el 17.5% del total del gasto.

En tanto Azteca, que preside Ricardo Salinas, facturó 5,945 millones de pesos, es decir el 11.4% del presupuesto total para medios de comunicación.

Pero de esas cantidades descomunales no se ha vuelto a decir ni media palabra cuando es notorio que no tienen punto de comparación con los mil millones de pesos que se destinaron a periodistas y a sus empresas digitales de comunicación.

Es cierto que los 251 millones de pesos que recibió Joaquín López Dóriga a través de sus cuatro empresas son también demasiados. Sin embargo, no podemos juzgar mientras no conozcamos los detalles de las facturas pagadas.

Cabe señalar que este periodista cuenta con una estructura de comunicación ampliamente establecida que incluye un programa de radio a nivel nacional, una página de internet y una cuenta de Twitter que posee más de siete millones de seguidores.

Hay otros comunicadores que llaman la atención porque recibieron varios millones de pesos cuando sus portales son francamente desconocidos y tampoco cuentan con una trayectoria sólida y de prestigio.

En resumen diríamos que antes de exhibir a comunicadores, el gobierno de López Obrador está obligado a realizar un análisis de lo que se gastó en publicidad en el sexenio pasado y en caso de encontrar delitos e irregularidades proceder de acuerdo a la ley.

Habrá que empezar por investigar a las empresas de comunicación, en especial las televisoras ante las millonadas recibidas. Y más que exhibir a los medios, quienes primero deben pagar los platos rotos son los funcionarios del sexenio pasado que autorizaron y devengaron tales sumas.

Y lo más importante en lo sucesivo será establecer un mecanismo que administre y regule el presupuesto de publicidad para los medios.

No es necesario crear más burocracia, simplemente colgar esta función en alguno de los institutos descentralizados donde se defina con objetividad y conocimiento el destino del gasto publicitario.

Ya basta que sean los políticos quienes malgasten el presupuesto para premiar o castigar a los comunicadores en una práctica por demás perversa y corrupta.

“No pago para que me peguen”, confesó en su momento José López Portillo cuando suspendió la publicidad a la revista Proceso.

De aquí en adelante que no sean los presidentes, secretarios o directores de comunicación quienes decidan a quien otorgar la publicidad, sino que sea una instancia profesional y descentralizada.

¿Se animará AMLO a tomar tal medida para evitar dispendios y el favoritismo hacia ciertos medios?

¿O por el contrario mantendrá su política de exhibir a la mal llamada “hampa periodística” en su afán de combatir a los críticos de su gobierno?

Y desde luego los periodistas y medios de comunicación estamos obligados a practicar la ética profesional y no caer en las tentaciones económicas.

Noticia final...
Hay que reconocer el cese inmediato de la secretaria del Medio Ambiente, Josefina González Blanco, ante un acto de prepotencia por demás innecesario. Ya veremos si se mantiene esta línea a lo largo del presente régimen.

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